Miembros del Parlamento Europeo participan en la votación relativa al acuerdo provisional sobre la directiva europea de derechos de autor
Miembros del Parlamento Europeo participan en la votación relativa al acuerdo provisional sobre la directiva europea de derechos de autor - EFE

Así será el nuevo mercado único digital en Europa

La nueva directiva obligará a las grandes plataformas de internet a remunerar a los dueños de los derechos de autor

Corresponsal en BruselasActualizado:

Después de un intenso debate y años de cabildeo, el pleno del Parlamento Europeo aprobó ayer en Estrasburgo la reforma de la directiva de derechos de autor, algo que ha sido considerado como una victoria para el periodismo y la creación y una derrota para las grandes compañías de internet, empezando por Google y Facebook, a las que han apoyado plataformas supuestamente independientes de defensa de la libertad en internet.

El texto pretende adaptar la legislación europea a la era digital. La actual directiva data de 2001, cuando ni siquiera se conocían las grandes redes sociales que suponen ahora los vehículos más utilizados para el intercambio a través de la Red. Tampoco existía el concepto de mercado único digital, que es uno de los elementos del futuro económico de la UE.

La Comisión presentó esta propuesta de reforma en 2016 y desde entonces ha sido objeto de un debate intensísimo, hasta el mismo momento de la votación. Al final, el resultado ha sido claro a favor de la nueva legislación por 348 votos favorables y 274 en contra, con solo 36 abstenciones. La votación representa ya la aprobación definitiva del texto, aunque los países disponen de dos años para empezar a aplicarlo en su legislación y un cierto grado de flexibilidad para definir los términos concretos.

Uno de los aspectos más discutidos ha sido el polémico artículo 13, que pretende responsabilizar a las plataformas sociales de la legalidad del contenido que exhiben sus usuarios y les obliga a asegurarse de que respetan los derechos de autor. Esta fórmula se supone que fortalecerá la posición negociadora de los editores, periodistas y demás titulares de derechos ante las grandes redes sociales donde se difunde su contenido. Los opositores se han concentrado sobre todo en Alemania, donde ha habido grandes manifestaciones de protesta. Este último sábado fueron convocadas concentraciones por parte de una organización llamada «Save The Internet» que se cree que ha sido apoyada directamente por Google, aunque esta multinacional lo niega.

Los opositores alegan que el algoritmo que se utilizará para identificar los contenidos no puede saber si se está haciendo como una simple reproducción o como parte de una parodia. Por ello, quienes más se han opuesto a esta reforma han llegado a denunciar que se prohibirían los «memes» y que se establecerá una cierta fórmula de censura en la Red.

Sin embargo, la agrupación europea de sociedades de autores y compositores (GESAC) considera que se trata de «una victoria histórica para los creadores europeos, que ahora podrán ejercer sus derechos y recibir una remuneración justa por plataformas como YouTube». Los que han apoyado a la Comisión y al Consejo insisten en que dado que Google y Facebook se benefician de los ingresos publicitarios generados por las obras que se difunden en sus páginas, deberían recompensar a los autores y creadores de esos contenidos.

El artículo 11 reconoce el derecho de autor para los editores de periódicos y agencias de noticias, que deben ser mejor remunerados cuando se utilicen sus contenidos por parte de agregadores de información, como Google News, o redes sociales, como Facebook. Algunos eurodiputados, como el español Santiago Fisas (PPE), se han quejado de que no se haya mencionado específicamente a los eventos deportivos, sino que quedan dentro de la definición general.

La postura de Google

Para Google, esta reforma «conducirá a la inseguridad jurídica y dañará las economías creativas y digitales de Europa», pero con cierta resignación ha añadido en su comunicado que ahora se dispone a trabajar con los gobiernos nacionales y los editores y creadores para participar en la transposición a las legislaciones nacionales.

La norma no afectará a las empresas con menos de tres años de actividad, para permitir el desarrollo de nuevas iniciativas en el campo de internet. Tampoco se aplica en el caso de páginas que no tienen ánimo de lucro, como puede ser Wikipedia.

Para su entrada en vigor solo queda la aprobación formal por parte del Consejo Europeo, que se producirá la semana que viene probablemente, ya sin discusión.

A partir de su publicación oficial, los países tendrán dos años para adaptar sus legislaciones nacionales, lo que significa que no entrará en vigor en ninguna parte hasta 2021. Para algunos, esto significa que hay tiempo suficiente para buscar fórmulas concretas. Otros temen que entonces las cosas pueden haber cambiado tanto que la norma se haya quedado obsoleta.