Recuperan 300.000 piezas en el mayor golpe mundial al expolio arqueológico

JOSÉ LUIS GARCÍA/PILAR GARCÍA-BAQUEROSEVILLA/CÓRDOBA. Piezas de arqueología de incalculable valor, «dignas de figurar en los mejores museos de mundo», se encuentran entre los 300.000 objetos de todas

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JOSÉ LUIS GARCÍA/

PILAR GARCÍA-BAQUERO

SEVILLA/CÓRDOBA. Piezas de arqueología de incalculable valor, «dignas de figurar en los mejores museos de mundo», se encuentran entre los 300.000 objetos de todas las épocas -desde el Paleolítico al siglo XVIII- que la Guardia Civil ha intervenido a varios grupos de expoliadores de yacimientos arqueológicos, interconectados entre sí. La «operación Tertis» se ha desarrollado en su mayor parte en Sevilla y en otras provincias andaluzas como Córdoba, Huelva, Cádiz, Granada, Jaén, y con alguna ramificación menor en Zamora, Barcelona y Madrid. El considerado como el mayor golpe mundial al expolio arqueológico culminó el martes con el registro de 68 domicilios, 46 en la provincia de Sevilla. En total, han sido detenidas 52 personas, entre expoliadores, intermediarios y coleccionistas: Sevilla (39 individuos), Cádiz (3), Córdoba (3), Granada (1), Huelva (1), Jaén (1), Zamora (1) y Barcelona (3).

Despliegue sin precedentes

En la operación han participado doscientos guardias civiles y varias decenas de secretarios judiciales coordinados por el Juzgado de Marchena, que instruye el caso. Según destacó el brigada Jesús Pastor, la «Operación Tertis» es fruto de la «Operación Bahía», llevada a cabo en febrero de 2005 en Cádiz, contra expoliadores de yacimientos arqueológicos marinos, con diez detenidos.

En el caso de la «Tertis», la mayor parte de los detenidos son expoliadores e intermediarios, a los que hay que sumar también ocho coleccionistas de alto poder adquisitivo, entre los que se encuentran empresarios y médicos, uno arrestado en Córdoba y dos en Barcelona. También hay un numismático de Sevilla. La laboriosidad de los registros dio pie a que los expoliadores intentaran comunicarse entre sí para alertar de la acción de la Guardia Civil, hasta el punto de que algunos fueron sorprendidos en la puerta de sus domicilios con los coches cargados de piezas que pretendía ocultar antes de que llegara la comisión judicial.

La investigación ha permitido precisar que los expoliadores arrestados han dañado hasta 33 yacimientos arqueológicos de Andalucía (Sanlúcar la Mayor, Puebla de Cazalla, Almensilla, Alcalá de Guadaira, Écija, La Luisiana, Morón de la Frontera, Pilas, Osuna, Alcalá del Río, San Roque, San José del Valle, Villamartín, Teba, Hornachuelos, Porcuna) y de Extremadura (Mérida, Los Arcos, Fregenal de la Sierra, Cabeza de Vaca, Los Nachos, Hinojares de los Barros, Fuente de Cantos, Oliva de la Frontera). Según la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, los detenidos pertenecen a varios grupos de expoliadores conexionados entre ellos pero sin un cabecilla concreto. Un ciudadano italiano residente en Mairena del Alcor tenía en su poder varios miles de piezas. Muchas casas han sido precintadas porque lo que almacenaban llenaría varios camiones.

«Modus operandi»

Se tiene constancia de que muchas de las piezas expoliadas eran vendidas en los alrededores de mercadillos, e incluso cuatro ídolos se ofrecían por 40.000 euros. La Guardia Civil ha intervenido detectores de metales, así como otros útiles destinados a encontrar oquedades en el subsuelo. Asimismo, los ladrones disponían de «lanzas rompetumbas» con las que «peinaban el subsuelo» en busca de enterramientos. En algunas ocasiones, los expoliadores, que desvalijaban los yacimientos con nocturnidad, actuaban en connivencia con los guardas de las fincas, evitando perpetrar sus fechorías en el campo debido a la mayor presencia de patrullas.

Los investigadores tienen la certeza de que estos grupos exportaban piezas expoliadas a otros países, aunque no han querido precisar a cuáles, ya que la operación sigue abierta.Junto al conocido médico detenido en Córdoba, se arrestó asimismo a otras dos personas: J. M. T., un expoliador que actuaba en la localidad de Castro del Río, y M. E. M., al que interceptaron un paquete de monedas enviado desde Córdoba a Barcelona, y que ejercía de intermediario en las operaciones del mercado negro. Estas tres personas fueron puestas en libertad con cargos, según informó ayer el subdelegado de Gobierno, Jesús María Ruiz.