Rebelión en la red contra Sinde

Un manifiesto promovido por blogueros, creadores, periodistas, usuarios y profesionales emerge como un tsunami en protesta por la intención del Gobierno de regular el acceso a páginas web sin la intervención de un juez

03/12/2009 a las 10:55h.

La decisión del Ministerio de Cultura de colar por la puerta de atrás su nuevo modelo de lucha contra la piratería en internet, ha desatado en la red un tsunami de reacciones en contra, que se suma a los frentes ya abiertos en los sectores del cine y de la música, que apuntan directamente al departamento que dirige González-Sinde.

La modificación de la regulación de acceso a internet fue incluida en las últimas líneas del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible -que fue presentado ayer por Zapatero en el Congreso- y ha sentado como un tiro en la comunidad internauta, que se ha puesto en pie de guerra contra la intención del Gobierno de que sea un órgano administrativo (y no un juez) quien bloquee las web de enlace y descarga que alojan ilegalmente archivos protegidos por derechos de autor. Por ello, blogueros, creadores, periodistas, usuarios y profesionales de internet suscribieron ayer un manifiesto contra lo que consideran una «flagrante violación de los derechos fundamentales», como la libertad de expresión, el derecho a la intimidad, el secreto de las comunicaciones o el acceso a la cultura.

Lo que dice el manifiesto

Entre otras cuestiones, el documento defiende la «neutralidad de la red» y exige que siga siendo el juez la única autoridad competente en ordenar el cierre de una. «La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial», reza el manifiesto, que denuncia que los derechos de autor «no pueden situarse por encima» de los primeros. Con internet, dicen los firmantes, «se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo», por lo que añaden que el cierre de las contemplada en la legislación «amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural».

Uno de sus impulsores, el profesor y bloguero Enrique Dans, acusó directamente a la Coalición de Creadores de haber «metido mano» y presionado al Gobierno para que incluyera esa última disposición en el anteproyecto después de su aprobación el pasado viernes en el Consejo de Ministros. Para Dans, lo ocurrido en los últimos días demuestra que «estamos en manos de una mafia, de un poder paralelo brutal», informa Bárbara Yuste .

Joan Navarro, director de la Coalición, se defendió de las acusaciones calificando dicha denuncia de «pueril», al tiempo que aplaudió la iniciativa legislativa. «Estamos encantados con la postura que finalmente ha adoptado el Gobierno y que no hace otra cosa sino refrendar lo aprobado en Bruselas», informa Inés Martín Rodrigo . Efectivamente, la cláusula introducida en el anteproyecto de Zapatero, por la que se establece que será la Comisión de Propiedad Intelectual (y no un juez) quien meta mano en el control de las de descargas, recibe la cobertura legal con lo aprobado hace apenas una semana por el Parlamento Europeo, que ampara la desconexión por «piratería» sin necesidad de autorización judicial previa.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, insistió en la necesidad de que sea un juez quien autorice el «espionaje» de las comunicaciones y la privaciad del usuario, en caso de que lo considere oportuno. «Lo que tenemos claro es que el primer enlazador de contenidos es Google, y no creo que vayan a ilegalizar Google», afirmó Domingo, respecto a la intención del Gobierno de actuar contra las de enlaces. En este sentido, anunció que la asociación celebrará una asamblea el próximo fin de semana para trasladar una respuesta común a los grupos parlamentarios sobre la nueva normativa, informa Efe.

Como tercera opinión en discordia, el presidente de Promusicae, Antonio Guisasola, calificó de «insuficientes» las medidas promovidas por el Ejecutivo, que se centran en atacar a las web, pero no al usuario final. En su opinión, el problema fundamental son el intercambio de archivos protegidos a través de las redes P2P entre los usuarios, por lo que considera que el gobierno debería actuar también contra los particulares.

Anoche, al cierre de esta edición, el manifiesto contra la disposición introducida en el anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible sumaba 1.652 adhesiones reales, a las que se unen 34.300 publicaciones en la red y casi 7.000 miembros en una entrada de Facebook creada a tal efecto.