El Gobierno sigue adelante con la ley audiovisual pese a las críticas de la producción independiente: «Es una puñalada»

En un duro comunicado difundido mientras la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital debatía las mil enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios a la ley audiovisual, la Plataforma Audiovisual de Productoras Independientes (P.A.P) y PATE Productores audiovisuales, que representan a la totalidad de las asociaciones de la producción audiovisual española, han mostrado su «profundo estupor» por los cambios que el PSOE ha introducido a última hora en el texto legislativo.

En concreto, se refieren a la enmienda 790, que modifica el artículo 110.1 para introducir un cambio «de enorme calado con consecuencias muy graves, tanto para la producción independiente, como para el sector en su conjunto y la diversidad y creatividad de producción europea». La enmienda permitiría que « las productoras dependientes de televisiones y plataformas puedan considerarse independientes solo contratando de forma cruzada con otros prestadores del servicio».

«Esto es una puñalada a la producción independiente», lamentan los afectados, que ven peligrar una de sus principales vías de financiación. Por eso ya están planeando movilizaciones contra el Gobierno –«está en juego nuestra supervivencia»– y señalan «la incongruencia» de que sea un gobierno del PSOE el que les «ha fallado». «Va a ser los de 'la ceja' contra el PSOE», apunta José Nevado , director general de PATE Productores audiovisuales.

Todas las asociaciones independientes – incluso las que llevaban tiempo enfrentadas – se han unido así ante el temor de que el Gobierno esté dando la puntilla «a una industria floreciente y supuestamente estratégica para el país», indican. «Desde la presentación del 'hub' audiovisual (en marzo de 2021) nos decían que todo iba a ir bien, y lo parecía, hasta que nos han dado una patada en el estómago», apunta Nevado, que respalda la queja del comunicado: «Los cambios introducidos mediante enmiendas que pretendían una supuesta mejora técnica del texto suponen un golpe de gran dureza para la producción independiente y al sector cultural vinculada a la misma cuya viabilidad pasa a estar gravemente amenazada».

El debate de la ley audiovisual en comisión ha tenido lugar en la mañana de este jueves, en una sesión marcada por el veto a última hora del Gobierno a enmiendas de la oposición, que algunos diputados han tildado de «trilerismo» o «falta de respeto» a la Cámara. La oposición también ha lamentado que el Ejecutivo quisiera despachar mil enmiendas en una mañana. «Esto es un rodillo del Gobierno. Así no se aprueba una ley», ha dicho el diputado del PP José Luis Pedreño .

Incluso Podemos había amenazado antes del comienzo de la Comisión con hacer «peligrar» el proyecto legislativo al entender que la enmienda del PSOE supone una «grave agresión» a las productoras independientes. «Nos habría gustado un texto más comprometido. La directiva europea no termina de impedir el oligopolio», ha apuntado el diputado morado Txema Guijarro .

El informe de ponencia, no obstante, ha salido adelante con los votos de PSOE, Unidas Podemos, PNV y ERC, el rechazo de PP, Vox y Junts, y la abstención de Bildu y Ciudadanos. La Comisión de Asuntos Económicos ha aprobado enmiendas al texto relacionadas con la rebaja de las cuantías de las multas o la propiedad intelectual, presentadas por el PP y Ciudadanos; los valores medioambientales; o los medios de comunicación comunitarios, entre otras. Desde PATE señalan que «solo Vox y PDECat han mostrado más sensibilidad y han defendido el tejido industrial y cultural».

El texto será elevado al Pleno del Congreso, previsiblemente el próximo jueves. Si la Cámara Baja da el visto bueno a este texto, se remitirá al Senado para su aprobación definitiva. La ley audiovisual debía transponer la directiva europea 2018/1808 antes de septiembre de 2020, un retraso que ha llevado a la Comisión Europea a informar de su decisión de denunciar ante el Tribunal de Justicia de la UE a España y otros cuatro Estados miembro, por no cumplir los plazos.

Esta ley fue objeto de debate a finales de 2021 , cuando ERC amenazó con no aprobar los Presupuestos si no se obligaba a compañías como Netflix a introducir cuotas a lenguas cooficiales como el catalán, el euskera o el gallego . Esta imposición sí afectaba a los operadores nacionales, pero no a las compañías radicadas fuera del país, y el gobierno se basó en el criterio de país de origen para no incluirlas. A cambio, ERC consiguió que parte del 5 por ciento que las operadoras deben pagar a la producción europea se destinara a estas lenguas. Los independentistas estiman esa cantidad en unos 15 millones de euros.

En este sentido, Junts per Catalunya ha recordado que la redacción española de la ley se conforma con exigir el 5 por ciento de los ingresos de televisiones privadas y plataformas de contenido –Netflix, HBO, Amazon...– para financiar la producción independiente, mientras que Francia pide el 20 por ciento e Italia entre el 12 y el 20 por ciento. Los productores audiovisuales independientes denuncian que esta redacción aleja a España de los países del entorno, «s umiendo a la cultura audiovisual y a la producción independiente a una crisis inmediata y casi definitiva».

El Gobierno, centrado solo en atraer la inversión extranjera y convertir a los productores nacionales en «proveedores para las plataformas», celebra que «la ley audiovisual colocará a España entre los países más modernos y con una mayor capacidad de atracción de inversión y talento», en palabras de Nadia Calviño , ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital.