El PP rechaza el volantazo del Gobierno en la gestión del patrimonio histórico

Cultura llevó el texto al Consejo de Ministros en junio y lo sometió a audiencia pública con la previsión de remitirlo al Congreso en septiembre. Pero el departamento que dirige Iceta, que se ha comprometido a desarrollarlo, sigue estudiando las alegaciones presentadas y el trámite se demorará unas semanas más. El Ejecutivo, eso sí, se encontrará con la oposición radical del PP , con quien esperaban contar para llevar a cabo la reforma de una ley que data de 1985 y en las últimas décadas ha sido remendada por más de cincuenta normas autonómicas e internacionales.

Según el PP, lo que debería presentarse es una nueva ley, y no una reforma. «Tras los treinta y cinco años de vigencia de la ley, cuya gestión ha recaído principalmente en las comunidades autónomas, era necesario una nueva ley capaz de solventar los retos actuales y que se acompasara a las normativas regionales que se han ido desarrollando», señala.

La «invasión competencial» que supone la creación de la nueva figura del BIC mundial es el punto más conflictivo. Lo que el equipo de Uribes defendió como una estructura jerárquica ante la dispersión normativa, para el PP es una «clara» invasión en las atribuciones de las regiones. Esta figura «innecesaria», por la que el Gobierno se reserva la última palabra en cuestiones esenciales, precisa además de nuevos entes organizativos, con sus respectivos costes económicos y crecimientos de plazos en la resolución de los trámites.

Este nuevo modelo, asegura el PP, pone en riesgo el actual modelo de éxito aplicado en los cascos históricos de las ciudades Patrimonio de la Humanidad. «¿Cuáles son las quejas de la Unesco sobre la gestión de los patrimonios mundiales?», se preguntan. «Muy mal no se debe estar gestionando estos espacios por parte de las comunidades autónomas, cuando la Unesco sigue confiando en España», dicen, en referencia a la reciente declaración urbana del espacio Retiro-Paseo del Prado de Madrid .

El PP explica que el BIC mundial precisa de la creación de una comisión gestora que chocaría con otras entidades como los consejos de coordinación creados en Andalucía para los Dólmenes de Antequera y Madinat al-Zahra o los patronatos de la Alhambra y Generalife o Doñana «sin que el anteproyecto prevea cómo se resuelve esta duplicidad». Así, alertan de que a la hora de aprobar obras o actuaciones o dichos bienes sería necesaria una doble autorización con el riesgo de que no sean coincidentes.

Hay patronatos que incluso cuentan con órganos consultivos compuestos por especialistas de reconocido prestigio. Este «papel fiscalizador» del Gobierno central podría hacer «imposible» la gestión de estos bienes. La Junta de Andalucía ya dejó clara su postura:la duplicación de órganos y supone una «amenaza para los bienes declarados patrimonio mundial». Según la consejera andaluza Patricia del Pozo, esta reforma «condena a la ruina a los centros históricos y patrimoniales de las ciudades e invade competencias de otras administraciones».

El volantazo que propone Cultura en la gestión del patrimonio «se retrotrae a un proceso centralizador ya superado e incongruente con la madurez del ejercicio de las competencias autonómicas ». Recuerdan los populares la «reiterada» jurisprudencia constitucional acerca del reparto de competencias: «Debe ser interpretada en sus propios términos y no de forma expansiva y centralista».

Otro aspecto del anteproyecto de reforma que el PP no comparte es la que se refiere a los bienes de las instituciones eclesiásticas , a quienes el Gobierno quiere prohibir la posibilidad de enajenar bienes de interés cultural salvo que se transmitan al Estado español u otras administraciones públicas. Según el grupo popular, esta limitación puede llegar a vulnerar disposiciones contenidas en tratados internacionales entre el Estado y la Santa Sede, y además no se articula ninguna contraprestación para la conservación y el mantenimiento del patrimonio que posee la Iglesia.

La modificación propuesta, lejos de solucionar los problemas existentes, crea otros nuevos, añade el PP. A su juicio, García Fernández redactó un texto caracterizado por una «visión obsoleta y no acorde con la realidad del patrimonio cultural»: no se aborda el papel de las nuevas tecnologías ni hay una visión integradora de conservación y promoción del patrimonio cultural. Tampoco se definen y concretan determinados estándares de protección, y la creación de nuevos entes va «en contra» de los principios de racionalización y simplificación de la administración pública.

Por todos estos motivos, así como por la falta de consenso previo con los actores implicados en la presentación de la reforma, el PP reclama a Iceta la retirada de la norma elaborada por el ex secretario general de Cultura, que fue destituido el pasado mes de julio: «Tal y como analizamos, está abocada a dar trabajo al Tribunal Constitucional, dilatando un preciado tiempo para una importante ley que viene a proteger uno de nuestros más preciados tesoros, nuestro patrimonio».

Los populares subrayan que tanto gobiernos autonómicos como colegios y asociaciones han presentado decenas de alegaciones al anteproyecto.

A la espera de que el Gobierno inicie el proceso legislativo en el Congreso y se ponga en marcha el debate parlamentario, el PP anticipa su negativa a la reforma. Fuentes del equipo del exministro Uribes, cuando presentaron el anteproyecto, expresaron su deseo de que el principal partido de la oposición apoyara el texto. «La futura nueva ley de patrimonio debe nacer desde el consenso y el diálogo con todos los actores implicados», responde el PP.