La RAE pide que la «ley Celaá» no ponga en cuestión el uso del español en ningún territorio del Estado

En un tono frío y diplomático, el texto de los académicos lanza llamativos argumentos para quien sepa entender: «El legislador no se desviará de la protección que el artículo 3 de la Constitución dispensa al español como lengua oficial del Estado que todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho de usar», asevera el texto, que suena aquí a sutil y vaticano rapapolvo al zafio debate político sobre los cismas de nuestra lengua común.

Para la RAE, la «preocupación principal es que el futuro texto legal no ponga en cuestión el uso del español en ningún territorio del Estado ni promueva obstáculos para que los ciudadanos puedan ser educados en su lengua materna y accedan a través de ella a la ciencia, a la cultura , o, en general, a los múltiples desarrollos del pensamiento que implica la labor educativa», es decir como lengua vehicular, el quid de la cuestión, puesto que ese papel ha sido eliminado del texto legal.

La Academia subraya la universalidad de una comunidad de 600 millones de hablantes competentes –más de 485 millones como lengua materna–. «Esta circunstancia convierte al español en un bien de valor incalculable, que es patrimonio común de las naciones y los pueblos que lo usan como lengua de comunicación y de enseñanza, y obliga a todos los Gobiernos, especialmente el de España, a garantizar su conocimiento y libre utilización», subrayan.

Revisan en el documento el peso del propio trabajo del conjunto de las Academias de la Lengua del mundo, en especial de la RAE, «a favor de la unidad del español, de su cuidado y de su fortaleza». Ese poder espiritual se invoca porque, «dada la importancia que tiene para nuestra nación el español como lengua oficial, y los deberes de protección que la Constitución impone, la Real Academia Española, sin perjuicio del análisis crítico final que en su caso proceda, se pone a disposición del Gobierno y del legislador para prestar el asesoramiento que se considere necesario ».

En el sutil lenguaje de los académicos podría decirse que esto deja establecida la falta o la llamativa limitación del asesoramiento recibido por el legislador para una ley que nace sin consenso y por tanto sin futuro , pero con un contexto de pactos con fuerzas independentistas para la cuadratura de determinadas mayorías. O de presupuestos.

El alegato, serio y documentado como todos los trabajos de la RAE, es una referencia que, aunque sea indirectamente, advierte de los peligros que subyacen en pretender atacar el bilingüismo por la vía de las concesiones en la escuela a los programas de los partidos independentistas que quieren arrinconar el castellano para una inmersión total. Mario Vargas Llosa ya adelantaba este miércoles su esperanza en que la RAE fuera contundente.

«Yo creo que la Academia debe pronunciarse de una manera muy categórica sin entrar en las pequeñas politiquerías que están detrás de esa suspensión de la lengua española en una ley de educación», delcaró el Nobel de Arequipa durante la presentación de sus «Sobras Completas» (Triacastela) este miércoles. Y fue más allá al definir como «idiotez sin límites» la iniciativa de la ministra de Educación que ha recibido el respaldo por la mínima en el Congreso, y que ha dividido una vez más a las fuerzas políticas por sus ataques tanto al idioma de todos , cuyo uso se que defiende como deber de todos en la Constitución, como a la enseñanza concertada, entre otros temas.

Luis García Montero, director del Instituto Cervantes , la otra gran institución que vela por el español en el mundo, aseguró a ABC que la Ley Celaá no va a cambiar la situación del castellano en España. «Yo creo que esta ley no va a suponer ningún problema para el español. Los problemas políticos vienen de antes de esta ley. La Constitución Española tiene un artículo muy claro que habla de la obligación y el derecho de todos los españoles a conocer la lengua española. Es un artículo que no se toca, que nadie está tocando. Después las distintas políticas que cada autonomía quiera hacer en torno a su idioma… La verdad es que son responsabilidad de esas autonomías», aseveró .

También recalcó su defensa del bilingüismo , en la que tantos esfuerzos pone el Cervantes. En su opinión es una de las grandes riquezas de este país: «Lo que insistimos tanto en Estados Unidos como en Baleares como en Cataluña es que ojalá se den cuenta las sociedades de la riqueza que es el bilingüismo (...) Y desde luego me parece un empobrecimiento de la sociedad catalana que siendo bilingüe y teniendo como propia la segunda lengua del mundo haya quien quiera rechazarla. Ese está haciendo mucho daño a Cataluña».