La Armada y la Guardia Civil registraron los barcos de Odyssey, pero ya estaban «limpios» de pruebas - REUTERS / Vídeo: Viaje al pecio de la fragata Mercedes

El naufragio de la Justicia española contra Odyssey

Acusaron a los cazatesoros de daños al patrimonio y contrabando. El Juzgado número 3 de La Línea ha dejado morir el proceso: ni siquiera interrogó a un testigo protegido

MadridActualizado:

Imagine que hubiera un juicio penal pendiente sobre un expolio, uno de los más singulares sobre el tema en Europa, en diligencias previas ¡desde hace ya doce años!, en el que quedaron olvidados media docena de interrogatorios, pruebas periciales aprobadas por el Juzgado; en el que se designó a una persona como testigo protegido porque estaba amenazado, pero al que después ni se ha tomado declaración; en el que, inspeccionado el yacimiento en tres ocasiones, constatando la destrucción del mismo por arqueólogos públicos y ni siquiera se ha informado de ello al Juzgado de los daños que registra… Cualquiera pensaría en un juicio en un país tercermundista, en dejadez… o en algo peor.

Escrito con consideraciones del fiscal
Escrito con consideraciones del fiscal

El caso existe, en España. En el juzgado número 3 de La Línea de la Concepción. Desde 2007 ha habido a cargo del sumario media docena de jueces diferentes. Durante los primeros años hubo manifiesto interés del Ministerio de Cultura en que no se movieran las diligencias para no interferir en el juicio que enfrentaba a España con Odyssey en Tampa, Florida. Pero en La Línea, los acusados se hicieron con el sumario de manera subrepticia –conociendo así, entre otras cosas, la existencia y la identidad del testigo protegido– y nada de eso ha tenido consecuencias. La única, por el momento, es que el abogado que ha tratado de mantener vivo el proceso penal contra Odyssey en España ha sufrido una condena a costas.

Huele a victoria

¿España venció a Odyssey Marine Exploration por el expolio de la fragata Mercedes? La respuesta es sí, por supuesto, en todas las instancias, aunque solamente por lo que respecta a los tribunales de Estados Unidos. Aquella gran victoria en Florida dirimía tan solo la propiedad del tesoro y acabó con la devolución, por orden judicial, de la carga de 600.000 monedas y otros objetos rescatados por la compañía, que regresaron a España en febrero de 2012. Allí no se juzgaban sus métodos ni los daños provocados. Hasta se ha hecho un cómic recientemente sobre ese proceso, en el que los héroes son los funcionarios que sumaron esfuerzos para derrotar a los cazatesoros en aquel largo y complejo proceso. En ese caso fue así, sin duda.

Pero la realidad por lo que respecta al juicio en España no es tan heroica, desgraciadamente. Tras reponerse de la embriaguez de la victoria, tal vez olvidamos que el expolio es un delito. ¿Se ha perseguido a Odyssey por los daños al patrimonio y el contrabando, delitos de los que se les acusó formalmente?

El juicio de Florida se ganó porque quedó demostrado que el buque expoliado era la fragata Mercedes y era un buque de Estado, protegido por la inmunidad soberana, aunque hundido en aguas internacionales. Esa inmunidad convierte sus restos en un territorio español más, con plena jurisdicción (como demuestra la sentencia en EE.UU.). Por eso un juicio penal en España facultaría a los tribunales de Justicia para conocer y juzgar en adelante cualquier acción sobre los buques de Estado sin importar su localización. Esa oportunidad puede malograrse, si se deja morir.

El fiscal reprueba al procurador de Odyssey
El fiscal reprueba al procurador de Odyssey

El proceso penal español, de hecho, se abrió en el juzgado de instrucción número 3 de La Línea de la Concepción. Se acusó a los responsables de Odyssey por daños graves al patrimonio y contrabando en un sumario que lleva el registro de «Diligencias Previas 855/2007». El proceso lo inicia la brillante y contundente investigación de la Guardia Civil -también ellos son funcionarios- en mayo de 2007, nada más conocerse el expolio. Hay que decir que Odyssey había pasado seis años trabajando en diversos puntos de nuestras costas, en el Estrecho de Gibraltar, aprovechándose de la maraña burocrática de Gobierno central, Autonomías y otras instancias, pese a las denuncias continuadas de la sociedad civil por su presencia allí.

Cuando avanzó el juicio en Florida, en repetidas ocasiones responsables del Ministerio de Cultura trataron de convencer a ABC de que no convenía dar publicidad a la investigación de la Justicia española, según solicitaba el abogado James Goold, que llevaba la representación de nuestros intereses en Estados Unidos, para que no interfiriese. Temían que Odyssey emplease las noticias de La Línea como una persecución. Aun así, desde este diario se informó de algunos momentos de especial importancia, como la imputación de Greg Stemm o cuando el juzgado permitió una copia pirata del sumario. Quien ha sostenido la importancia de este proceso penal contra viento y marea es José María Lancho, abogado que, además de prestar un valioso asesoramiento en el procedimiento contra Odyssey en EE.UU., activó la acusación popular interponiendo una querella en nombre de una empresa de arqueología malagueña, Nerea, una compañía que mereció el premio europeo a la empresa socialmente responsable en 2009. Él ha sido ahora sancionado.

La copia pirata del sumario

Hay que empezar contando que a Odyssey le representaba en España el difunto José Luis Goñi, abogado curtido en mil batallas, entre ellas el registro de los barcos de la compañía en Algeciras en julio de 2007 por la Guardia Civil. El 22 de enero de 2008, Goñi informa a su procurador en La Línea, Juan Manuel Aldana, de que se le retira la representación con el fin de no recibir las notificaciones, justo cuando acaban de enviarle un auto el 2 de enero para que Stemm conociera su imputación.

Escrito del letrado Goñi revocando al procurador
Escrito del letrado Goñi revocando al procurador

El 25 de febrero de 2012, con la llegada de las monedas a España, todo se acelera. Odyssey teme que, una vez resuelto el caso de EE.UU., se active el proceso penal en España. Y entonces realizan la mayor irregularidad, se burlan de las reglas. En ausencia del juez, el viernes 2 de marzo, sorprenden al procurador Aldana fotocopiando el sumario, a lo que no tenía derecho. La acusación popular lo denuncia: por ese grave descuido -advierte- «los imputados pueden prevenirse de las medidas de averiguación acordadas e incluso frustrar las mismas» y destaca que « al menos uno de los testigos está amenazado». ¿Cómo pudo suceder? ¿Quién le dio permiso? La secretaria del juzgado, según el abogado Lancho, intentó quitarle relevancia, lo que no impidió que el propio abogado presentase una denuncia de los hechos.

La Fiscalía reprobó el acto el 12 de abril: la actuación de Aldana le parece «impropia de un profesional». Al fiscal le parece una «burla» que intentaran personarse usando el mismo poder ya revocado de 2006. Añade que «de lo que hay hasta ahora parece claro que Odyssey va a ser considerada responsable civil» de los delitos. También dice que no se opone a las diligencias solicitadas por la acusación popular, una batería de pruebas que el juzgado nunca llevó a cabo, sin embargo.

Impresiones del fiscal sobre el caso y afirmación de que no se opone a las diligencias solicitadas
Impresiones del fiscal sobre el caso y afirmación de que no se opone a las diligencias solicitadas

Otro material arqueológico

Entre ellas, solicitó el interrogatorio de los técnicos del ROV (vehículo subacuático) empleado durante el expolio, que son ciudadanos españoles, medida que se acordó pero no se ejecutó. Pidió de igual modo una declaración del testigo protegido (porque estaba amenazado), un buzo profesional de la zona. Añadió la necesidad de tomar declaración al consignatario de Odyssey en Sotogrande, en cuyo domicilio, según dijo a la Guardia Civil el testigo protegido, había material arqueológico romano y fenicio extraído por la compañía. Igualmente, al empresario que vendió los cajones de aluminio empleados en la operación. También debía tomarse declaración a un reputado arqueólogo español que había trabajado para Odyssey, por si podía aclarar sus actividades y metodología. Se pidió el material gráfico que guardaba el abogado James Goold. Y los proyectos presentados por Odyssey a la Junta de Andalucía y al Ministerio de Cultura. Posteriormente, informes de las tres expediciones al yacimiento comandadas por el director del Arqua, Iván Negueruela, para informar de los daños producidos en el pecio. Él declaró que «Odyssey ha destruido completamente el yacimiento».

Pero después se detuvo la actividad. El proceso quedó en una especie de coma inducido, ¿por quién? Todo lo que se había hecho fue para nada. Ninguna de esas diligencias se han efectuado hasta hoy. A pesar de las denuncias y de no menos de una docena de escritos solicitándolo al juez. Eso lleva al abogado Lancho a elevar una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que, en segunda instancia, le dio la razón. Para empezar, porque el Juzgado número 3 de La Línea había facilitado un cronograma de actuaciones al CGPJ en las que faltaban los escritos más relevantes de la acusación popular y sus propias diligencias acordadas y pendientes.

Pero en esta ocasión tampoco se hace nada, así que se presenta nueva queja y de ahí el caso llega al Supremo, donde el malentendido se amplía. En lugar del fin del bloqueo de las diligencias y pronunciarse sobre las irregularidades del procedimiento y sobre la necesidad de que continúe el expediente sobre el juzgado de La Línea con el fin de determinar qué diligencias siguen pendientes de ejecución, un sistema perfectamente estanco da carpetazo al asunto y condena en costas al letrado: los dos breves escritos del abogado del Estado suponen una minuta de 3.000 euros. Ese es el precio de dar una larga batalla por el patrimonio histórico español desde la sociedad civil ante la Justicia. Odyssey queda impune. Puede parecer barato.