La Iglesia pide que la nueva Ley de Patrimonio comprometa al Estado en la conservación de sus bienes

El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello , ha advertido este jueves de que si los bienes de interés cultural eclesiásticos no pueden ser enajenados, salvo que sea la administración pública quien se haga con ellos, tal y como contempla el borrador de la reforma, será necesaria una contrapartida: que estos tampoco puedan ser embargados y que los gobiernos se comprometan a colaborar en el mantenimiento de los bienes.

«Aceptamos que pudiera darse esta declaración de inalienabilidad, que no pudieran enajenarse, salvo a las administraciones públicas. Eso tiene que tener un doble correlato, si un bien no puede ser enajenado, tampoco puede ser embargado, y si solo puede ser enajenado a las administraciones públicas, estas con esta decisión reconocen o deberían reconocer su compromiso de colaborar al mantenimiento de estos bienes», ha declarado Argüello, según recoge EP.

Aunque esta colaboración está contemplada en la vigente Ley de Patrimonio Histórico, que data del año 1985, y en los desarrollos normativos de las comunidades autónomas, «a veces cuesta bastante trabajo este compromiso de que las administraciones públicas colaboren en el mantenimiento de los bienes de interés cultural». El portavoz de los obispos se ha referido a su experiencia como obispo auxiliar de Valladolid, donde tienen «unas cuentas decenas» de bienes de interés cultural declarados.

El anteproyecto que presentó Uribes el martes al Consejo de Ministros recoge una serie de medidas que responden a un espíritu recentralizador , o cuanto menos clarificador de competencias, en el ámbito del patrimonio histórico, ante la dispersión legislativa provocada por las leyes autonómicas y la adopción de normativas internacionales. Este diario consultó con varias administraciones autonómicas y ninguna de ellas quiso entrar a valorar el plan del Gobierno porque Cultura no les había informado de ellas.

Con esta reforma, que para llegar al Congreso aún debe convertirse en proyecto de ley y superar los dictámenes preceptivos, el Ministerio que dirige Uribes quiere evitar disfunciones en el traslado de bienes de interés cultural de una comunidad a otra, impondrá la supervisión estatal en caso de extracción del medio marino de un bien cultural perteneciente al Patrimonio Histórico Subacuático y, con el fin de evitar decisiones contraproducentes por parte de las autonomías, creará una nueva categoría de Bienes de Interés Mundial a los monumentos y conjuntos declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco.

En lo referido a la Iglesia, Cultura propone prohibir la enajenación de los bienes de interés cultural eclesiásticos salvo que se transmitan al Estado español u otras administraciones públicas, una prohibición que ya existía en los bienes muebles eclesiásticos.

«Nos encontramos con una perplejidad», han valorado los obispos. «A veces, si hay una gotera o cualquier problema, hay que abordarlo, y las administraciones públicas no pueden colaborar aunque tengan un compromiso de colaboración, pero por ser bienes de interés público ponen unos requisitos, y cumplirlos hace que te hayas gastado el presupuesto antes de que el albañil haya colocado la primera teja porque hay que hacer un informe sobre si afecta a los pájaros o sobre si la arena que se va a utilizar es compatible con la arena del siglo XVI de ese edificio».

Argüello ha dejado claro que no hay ningún obispo en España que esté pensando en vender una catedral ni ningún párroco su parroquia. Aunque sí ha advertido de que en la España vacía hay «montones de edificios, templos y ermitas donde la población es muy escasa». En la Iglesia están dispuestos a colaborar «para que los bienes de interés cultural puedan servir al interés de la cultura en España», pero ha pedido que no haya «ni privilegios ni discriminaciones».