Hispalinux subraya «que la Red nunca favorecerá los viejos modelos autocráticos de hacer política»

Su posición actual y el fichaje de Ignasi Guardans no han hecho más que agravar los temores de los internautas. Sin embargo, frente a la confrontación hay otros que quieren dar una portunidad al diálogo —sin renunciar a la base de sus reivindicaciones— como es el caso de Hispalinux, la mayor asociación de desarrolladores y usuarios de software de código abierto en lengua española, que ya ha pedido una reunión con la ministra.

«Sabemos bien lo que González-Sinde ha dicho en el pasado. La ministra acaba de aterrizar y estamos a la expectativa. Suponemos que como ministra no pretenderá anteponer a sus responsabilidades sus convicciones personales sino que tendrá en cuenta al resto de los agentes sociales», explica a ABC José María Lancho, nuevo presidente de Hispalinux. «Si desde el Ministerio se ofrece diálogo y ese diálogo se hace con todas las consecuencias —añade— Hispalinux va a favorecer cualquier oportunidad de alcanzar una solución racional».

España está en el punto de mira de EE.UU, que nos ha colocado a la cabeza de una lista de los países con mayor índice de piratería. En algunos círculos se comenta incluso que Obama le ha pedido personalmente a Zapatero que saque a España de esa lista, y que éste ha visto en el sucesor de Bush un aval para salir de la crisis. «La tecnología P2P es legal en Estados Unidos. Sin embargo el Departamento de Comercio de ese país llega a afirmar en su informe anual (2008) “Special 301” y refiriéndose en tono de reproche a España que “hay una amplia percepción errónea de que en España el peer-to- peer para compartir archivos es legal”», afirma.

«A ese nivel de incongruencia estamos llegando», sostiene Lancho. Esgrime, además, que este informe cita como única fuente de su información, «las propias manifestaciones de la industria de contenidos e informática norteamericanas que llegan a afirmar que “la piratería en internet en España es una de las peores en Europa”. Una calumnia y una injuria que no duda en amenazar nuestra democracia y nuestra independencia y que debería merecer la mayor atención de todos los sectores, incluido el jurídico, respecto de esas empresas que son huéspedes de nuestro país, que se enriquecen en él y que son capaces de lograr que nuestro país sea objeto de represalias internacionales para conseguir exclusivamente ventajas abusivas —subraya—. Es notorio que nuestro Gobierno está siendo objeto de presiones pero internet y los derechos digitales son parte de la solución no parte del problema de esta crisis».

En cuanto a la posibilidad de que se recrudezcan las acciones de los internautas, afirma que «cualquier regulación en beneficio de la intervención de las comunicaciones y del control de la red va a suponer una fuente intrínseca de conflictos. Si la presión sigue subiendo sobre el uso de las tecnologías digitales, el debate saldrá de muchas de nuestras desactivadas instituciones y sindicatos y se instalará en la red. Por eso, por lealtad institucional, es momento de dar un espacio al diálogo. La red nunca favorecerá los viejos modelos autocráticos de hacer política y menos para que internet deje de seguir siendo internet. Sin embargo esta es una oportunidad para que un gobierno español demuestre que sabe jugar en democracia, a favor de los riesgos de la libertad, en una sociedad digital».

En cuanto a cuáles son los puntos irrenunciables por parte de Hispalinux en este diálogo, Lancho apunta tres: «La necesidad de reconocer la neutralidad de la red, (la no intervención o interferencia de los poderes públicos sobre la libertad de acceso, expresión, creación y comunicación que supone la red para cualquier ciudadano). En segundo lugar que las infraestructuras informáticas públicas sean efectivamente publicas, que se prevea la reutilización —por defecto— de la información pagada con el dinero de todos, y se ponga fin a los cotos cerrados como la adquisición a una sola empresa extranjera de prácticamente la totalidad de todos los recursos informáticos. Y en tercer lugar, un análisis cuantitativo y cualitativo del denominado canon digital para impedir que se convierta, como ya es, en un componente de la brecha digital que sufre nuestro país», concluye.