La Generalitat sigue sin devolver documentos que pertenecen por ley al Archivo de Salamanca

Así lo defiende Policarpo Sánchez, que denunció en marzo de 2014 al gobierno catalán y cuyo pleito quedó el martes visto para sentencia. «Lo que pedí al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en mi demanda es que exigiese a la Generalitat que cumpliese la ley , que acatase las sentencias judiciales sobre el Archivo de Salamanca y que devolviese los documentos que mantiene indebidamente en su poder» , explicó ayer el historiador.

La batalla judicial de Sánchez pretende recuperar una serie de archivos que salieron de Salamanca sin cumplir los principios que establecía la ley. La norma aprobada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tenía como objeto «la restitución de los documentos y efectos incautados en Cataluña» durante la Guerra Civil. Solo en Cataluña. Sin embargo, se calcula que hay 400.000 objetos pertenecientes a otras ciudades no catalanas que siguen en manos de la Generalitat. Documentos de Madrid, Málaga, Valencia, Murcia... Historias humanas y restos de memoria colectiva que no debieron salir nunca del Archivo.

Detrás de Policarpo Sánchez hay un buen grupo de familias que espera que los documentos relacionados con la vida de sus antepasados vuelvan a su lugar de origen. Un ejemplo es el caso de Guillermo Suils , hijo de un relojero que trabajaba por la Puerta del Sol de Madrid , y que reclama un certificado de trabajo de su padre que sigue en paradero desconocido. «Ese es el ejemplo de documentos enviados ilegalmente a Cataluña », insiste Sánchez. «Este señor vivía en una calle al oeste de Madrid y durante la Guerra se traslada a una calle más al centro, Manuel de Longoria, más a resguardo de los bombardeos. Es un certificado de la empresa que antes era obligatorio. Durante la Guerra Civil era necesario tener un certificado casi para cruzar de una calle a otra, para decir que era una persona afecta al régimen».

La ley establece también que los documentos enviados a Cataluña deben regresar al archivo original si en el plazo de un año no aparece su propietario . Esta es otra de las clásusulas de la norma que el gobierno catalán ha desoído todo este tiempo. Algunos documentos llevan años esperando a que aparezca su dueño y, como en muchos casos no ha sido posible, asegura Sánchez, la Generalitat se ha «inventado» propietarios fi cticios. Especialmente llamativo es el caso de los papeles que un día pertenecieron al PSOE de Asturias.

«El expresidente Zapatero no tuvo misericordia ni hacia sus compañeros muertos», sentenció Sánchez. «Entregó ilegalmente a la Generalitat de Cataluña documentos del PSOE de Asturias. Cuando presentamos las pruebas y demostramos que esa documentación del PSOE de Asturias fue llevada de forma ilegal, ¿Qué hizo la Generalitat de Cataluña? ¿Lo devuelve? No . Se inventa un propietario: la casa regional de Asturias en Cataluña que se llama Centro Asturiano de Barcelona ». El historiador asegura que esa asociación fue creada en los años 50, por lo que es imposible que sufrieran ningún tipo de incautación durante la Guerra Civil.

En su pleito contra el gobierno Catalán, al que sumó ayer una recogida de firmas a través del portal HazteOir.org , Policarpo Sánchez ha descubierto algunos errores del Ministerio de Cultura que han permitido todo este desbarajuste. En primer lugar, y quizá el más grave, muchos de los archivos fueron enviados a Cataluña sin hacer una copia de ellos. Un paso imprescindible que no se cumplió pese a que la ley lo pedía: «En todo caso –dicta la norma–, en el Archivo General de la Guerra Civil Española se depositará una copia o duplicado de todos los documentos restituidos cuyo coste económico será asumido por la Generalidad de Cataluña».

Otro problema es la «imposibiliad material, técnica y también jurídica» que ha reconocido el Ministerio a la hora de saber cuántos documentos fueron enviados. En Cultura aseguran que guardan tomos con toda la documentación. También el Ministerio de Cultura ha pedido en dos ocasiones a Cataluña que defina qué objetos quedan por devolver, pero que no obtienen respuesta. Y entre disputa y disputa, jirones de historia que se quedan por el camino.

Según los cálculos de Policarpo Sánchez, al menos 200 familias estarían afectadas por este «desarraigo documental» . Casos como el de Guillermo Suils, que denotan el empeño de la Generalitat por retener objetos que nunca pisaron Cataluña:

«Me enteré de esto hace cinco años, cuando Policarpo me informó», recuerda Guillermo Suils hijo. «Cuando me contó la historia lo primero que le dije es qué tenía que ver mi padre con Cataluña, porque mi padre no estuvo allí ni de vacaciones. Mi padre vino a Madrid en torno al año 1919 y fue cuando empezó a trabajar en esa joyería. Le llamaron a filas en el año 1937, estuvo en un bando, luego en otro, acabó la guerra y siempre siguió en Madrid».