Los Franco solicitan retirar de Meirás las estatuas del maestro Mateo y la biblioteca de Emilia Pardo Bazán

Los dos bienes BIC están protegidos por la legislación autonómica , lo que impone a los Franco la obligación de solicitar una autorización administrativa para su traslado. Esta se realizó a finales de la semana pasada por parte del albacea de la familia, Luis Felipe Utrera-Molina y fue confirmada por el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez. Los Franco ya solicitaron sacar de Galicia las estatuas el pasado mes de noviembre con destino a su finca madrileña de Valdefuentes, pero entonces la Xunta alegó que las medidas cautelares impuestas por el juzgado lo imposibilitaba. Ahora, sin embargo, no existe impedimento judicial .

Rodríguez reconoció que se trata de un asunto «de gran relevancia jurídica» y para el que el gobierno gallego tiene todavía varios meses para pronunciarse. Por lo pronto, la Xunta ha solicitado informes de la RAG, el Consello da Cultura Galega, la Academia de Bellas Artes y diversos «catedráticos de prestigio» para tratar de buscar una solución que, sin embargo, desde un plano jurídico es compleja: la legislación española no contempla la privación del derecho de propiedad de manera onerosa, es decir, sin indemnización. «Privar del uso, disfrute, posesión o enajenación a un tercero se llama expropiación, y la Constitución establece que eso se tiene que indemnizar», asegura a ABC el catedrático de Derecho Civil de la USC Ángel Rebolledo.

Respecto al resto de muebles no catalogados, Rodríguez envió la pelota al tejado del Gobierno. «Son bienes adscritos al Patrimonio del Estado» dado que se encuentran en el interior de un inmueble de su titularidad, como es Meirás. Por tanto —explicó— la competencia es suya para intentar extender la catalogación a cuadros, alfombras, sillas, mesas y demás enseres ornamentales del pazo. Xunta y Estado buscan fórmulas contrarreloj para impedir que la familia Franco pueda retirar los muebles, después de que la Audiencia Provincial de La Coruña resolviera que el mobiliario sigue siendo de su propiedad al no haber sido reclamado por el Estado en la demanda por la titularidad de Meirás.

Se da por hecho que la Abogacía del Estado ultima una respuesta legal para impedir la mudanza, siendo la más probable una demanda civil reivindicatoria del mobiliario y la petición de medidas cautelares para frenarla.