El fracaso del ‘caso Odyssey’: otra victoria de la desidia del Estado

Y lo último que ha pasado es vergonzoso. La Justicia española ha fracasado en el juicio más importante sobre patrimonio de los últimos años. Aunque el Reino de España logró vencer a la compañía Odyssey Marine Exploration en un juzgado de Tampa (Florida), la desidia del Estado ha permitido que los delitos que investigaba un juzgado de La Línea de Concepción –expolio y contrabando de patrimonio–, hayan prescrito. La fiscalía y la abogacía del Estado no ayudaron y los culpables han quedado impunes de sus delitos. ¿Por qué?

Los magistrados de la Audiencia de Cádiz que acaban de decidir el archivo definitivo del caso abierto en 2007 contra Odyssey en España conceden en su auto, avergonzados, que «debemos compartir con la recurrente [la acusación popular] su extrañeza, desconcierto y hasta enfado por la, llamémosla, insólita tramitación de esta causa, al menos desde el año 2013». ¿Insólita? La acusación popular la impulsó la sociedad civil, los profesionales de la empresa malagueña Nerea Arqueología, representados por el abogado José María Lancho, que mantuvieron siempre la exigencia de que la justicia española dictaminase sobre lo ocurrido en un yacimiento como el pecio de la Mercedes, dañado y expoliado por los cazatesoros.

Por eso Lancho ayer se quejaba de la apreciable cantidad de funcionarios, «jueces, fiscales y abogados del Estado que han permitido que los expoliadores saliesen limpios» . Lo insólito es que durante 14 años la causa no ha pasado de las diligencias previas. Es una singularidad de la desidia del Estado en un tema tan relevante y que tantos recursos movilizó.

Después del cierre del caso estadounidense en 2012, los impuestos de todos los españoles pagaron tres expediciones al pecio de la Mercedes, a 22 millas al sur de Faro, durante las que fue inspeccionado por técnicos del Ministerio de Cultura, buenos funcionarios, bajo la dirección del arqueólogo Iván Negueruela y se rescataron algunas piezas abandonadas por los cazatesoros. Pero el abogado Lancho pone el dedo acusador en el hecho de que se solicitó oficial y repetidamente que Cultura elevase «detallados informes de la destrucción causada» para conocimiento del juzgado. Entre otras personas, se le solicitó a la entonces responsable del patrimonio subacuático en el ministerio, Elisa de Cabo, que no acaba de parecerse a la pelirroja Lucía en la ficción de Amenábar. En cualquier caso de expolio, el informe de la inspección del yacimiento es preceptivo. ¿Por qué no fue redactado en tiempo y forma? «Es una pena que hayan prescrito los plazos. Pero ya tuvieron su merecido», respondía ella ayer, inquietantemente, a la pregunta de ABC, en referencia al resultado del juicio de Tampa en 2012.

La ficción no puede ocultar verdades incómodas. Por ejemplo, que Odyssey estuvo operando en aguas del Estrecho –sobre todo en el Mar de Alborán– desde 1998 con la connivencia, el permiso o la incuria de funcionarios españoles, gracias en buena parte al apoyo que le prestaban las autoridades británicas en Gibraltar. Si en semanas expoliaron la fragata, ¿que no pudieron hacer en aquellos nueve años, donde sabemos que levantaron una mapa de mil posibles pecios en la zona que ofrecían a funcionarios que no se parecen a los de la ficción en despachos de Madrid y de Sevilla?

Alguna responsabilidad habrán tenido quienes trabajaban en los Ministerio de Cultura y de Exteriores –además de la Consejería andaluza– de la época en el oprobioso expolio de 600.000 monedas y objetos de la tripulación que acabó sucediendo después de años de actividades consentidas en aguas españolas y ahora ha quedado impune . Da mucha rabia que no se pareciesen en nada a los de la ficción. ¿Qué pensarán al ver la serir ahora?

Como consecuencia de las diligencias previas hubo interrogatorios que sí tuvieron lugar y otros que no se hicieron, sin motivo aparente. Por ejemplo los que Lancho solicitó con los operarios de los ROV (los vehículos subacuáticos de Odyssey que fueron empleados para perpetrar el expolio), todos ciudadanos españoles. Que tal vez algún funcionario de ficción o real podría haber llegado a pensar que eran testimonios relevantes para el caso. El abogado de la acusación popular elevó quejas ante todas estas singularidades procesales. El Estado –su desidia– no permitió tampoco interrogar al buzo profesional que había trabajado para Odyssey y tenía conocimiento de sus actividades, ni a un «consignatario» de la compañía que mantenía material arqueológico digno de un museo en su domicilio, sin que se conociese su procedencia. 

Entre las más graves cuestiones nunca cumplidas por los sucesivos magistrados que pasaron por ser titulares del juzgado de La Línea que conocía sobre estos hechos figura una rogatoria en 2013. Pedían inspeccionar la sede de Odyssey en busca de material sobre sus actividades sobre pecios españoles, las técnicas y métodos empleados así como la tecnología. Ante la evidencia de que el Estado no movió un dedo por lograrlo, el abogado Lancho solicitó que el interrogatorio a Greg Stemm, cofundador de Odyssey, se llevase a cabo en Gran Bretaña donde tenían una filial. La solución tenía la ventaja de que el Reino Unido era parte de la UE por entonces.

Visto en perspectiva, el caso español contra Odyssey ha tenido algo de quijotesco. Mientras unos no dieron la talla, otros cumplieron con creces como ciudadanos, fueran o no funcionarios. Ecologistas, algún navegante, historiadores, archiveros, periodistas, todos pasamos muchas horas quemando las pestañas para comprender lo ocurrido. Hay pocas dudas, además, sobre el papel llevado a cabo por algunos funcionarios muy reales, como los miembros de la Armada Española y de la Guardia Civil que estuvieron en todo momento alerta e informaron a sus superiores de cuantas actividades sospechosas detectaban y que llenaron con sus informes precisos y pormenorizados el sumario que ahora se ve malogrado. Allí está todo, naufragado entre papeles ya inútiles, los rastreos de los barcos, las tomas de declaración, la confesión de algún funcionario sobre la palmaria descoordinación de las Administraciones que permitió el desaguisado.

Catorce años después, quienes han estado al frente de la acusación popular se preguntan si el patrimonio subacuático está en buenas manos. Su respuesta es incómoda. El interés del público por el patrimonio se ha elevado, como muestra el éxito de la serie ‘La Fortuna’. Pero el Ministerio no ha sido capaz de mantener una política para que los arqueólogos estudien como merece uno de estos grandes barcos de nuestra historia. Lo dice siempre Javier Noriega, el arqueólogo de Nerea, la empresa que impulsó la acusación popular. «Ni un galeón ha sido excavado, ni un buque de Trafalgar o de Lepanto. Nada» . La arqueología sigue siendo, salvo contadas excepciones, pura ficción en España. El Estado que en este caso se ha abrazado a tantas ficciones, no pone en valor la historia de aquellos barcos, la mejor que nos queda por contar.

El abogado Lancho extrae, sin embargo, al menos una conclusión positiva: «Ha sobrevivido lo más valioso que se analizó en este procedimiento, nada menos que la capacidad de un buque de guerra histórico hundido de seguir siendo territorio nacional y por tanto, nuestros Tribunales mantienen su jurisdicción en razón del territorio respecto de los actos de expolio que se cometan en esos yacimientos. Eso no se atrevieron a deshacerlo. El futuro de nuestro patrimonio está aún por decidirse, si el pueblo español aprovecha las lecciones de este caso y no se conforma con el simple cerrojazo, los 14 años de trabajo gratuito y desinteresado en este litigio habrán valido la pena».