La falta de colaboración de EEUU lleva al naufragio el último fleco judicial del caso Odyssey

En un auto del pasado mes de julio al que tuvo acceso ABC, la Audiencia Provincial de Cádiz cerró en firme la causa que seguía el Juzgado de Instrucción número 3 de La Línea de la Concepción y que ya en el año 2013 pidió a Estados Unidos la imputación, vía comisión rogatoria, del equipo de Odyssey que accedió a la malograda embarcación y su máximo responsable, Greg Stemm.

Sin embargo, en todo este tiempo no ha habido respuesta alguna por parte de sus autoridades. El máximo de pena que podía acarrear la incursión en el yacimiento cuando recuperaron el tesoro, que constituiría delitos de daños y contrabando, sería de cinco años desde la comisión de los hechos o desde las imputaciones. Han pasado siete desde que se pidió a EEUU tomarles declaración y catorce desde el expolio del tesoro.

«Lo cierto es que carece de lógica continuar con la tramitación si traemos a colación la institución de la prescripción, que, como es sabido, constituye una causa legal de extinción de la responsabilidad criminal por el transcurso del tiempo, bien a partir del momento de comisión del hecho delictivo de que se trate hasta la incoación del correspondiente procedimiento, bien por la paralización de este durante el periodo de tiempo legalmente establecido», razona el auto.

Conforme concluye la Sala, «desde que se remitió la comisión rogatoria (2013) han pasado más de cinco años sin que se haya tomado declaración como investigado a persona alguna, de modo que debe entenderse extinguida su presunta responsabilidad criminal por estos hechos por prescripción y con más motivo, la de las hipotéticas personas contra las que se pretendiera dirigirse con posterioridad la imputación». Esto deja fuera, obviamente, a Stemm y su equipo.

No es lo único que ha ido lento en este asunto. De hecho, la Audiencia Provincial se pronuncia sobre un recurso de apelación que presentó Nerea Arqueología Subacuática , que ejercía la acusación popular, contra una decisión del 30 de septiembre del año pasado que a su vez, resolvía un recurso del año 2016.

Fue entonces, el 27 de diciembre, cuando el Juzgado de Instrucción de la Línea acordó el sobreseimiento de la causa con apoyo de la Abogacía del Estado y la Fiscalía. Llegó a la conclusión de que ya se habían practicado todas las diligencias útiles y necesarias y «quedaba pendiente el resultado de la comisión rogatoria remitida a Estados Unidos para recibir declaración a los investigados». El instructor decidió ese cierre, si bien provisional, hasta que la justicia estadounidense respondiera.

La acusación popular recurrió porque entendía que la causa tenía que seguir viva y que había diligencias pendientes, algunas admitidas y no practicadas y otras sin resolver. El juzgado rechazó su pretensión y así acabó el asunto en manos de la Provincial. Ahora lo que dice es que la decisión estuvo bien tomada porque en 2016 «no existía constancia» de que Estados Unidos hubiese respondido.

La cuestión es que acaba convirtiendo aquel sobreseimiento provisional en un archivo definitivo. Ya no tiene sentido seguir porque para quienes expoliaron la fragata Mercedes el caso, en todo este tiempo, habría ya prescrito. Y eso, aunque los magistrados comparten con la acusación popular « su extrañeza, desconcierto y hasta enfado por la insólita tramitación de esta causa».