España trató de convencer a Colombia del daño que su ley inflige al patrimonio

El Gobierno español ha mostrado su preocupación a las autoridades colombianas por el proyecto de ley que permitirá comercializar el patrimonio cultural sumergido mediante acuerdos con compañías expertas en explotación submarinas, los llamados cazatesoros, según se informó a ABC en fuentes diplomáticas.

Las mismas fuentes indicaron que las gestiones se realizaron “por los cauces habituales” , aunque este periódico ha podido saber que fue el embajador español en Bogota, Nicolás Martín Cinto, quien el pasado día 6, se reunió con la ministra de Cultura de Colombia, Mariana Garcés , y varios miembros de su equipo, para interesarse por el mencionado proyecto de ley, que está siendo muy controvertido en el país iberoamericano. La respuesta de la titular de Cultura fue que Colombia no tiene intención de adherirse a la Convención de la Unesco para la Protección del Patrimonio Sumergido, aprobada el año 2001, en la que se establece que cualquier vestigio arqueológico hallado bajo el agua, pertenece al patrimonio de la nación en que se encuentre y no puede ser comercializado. Es decir, que el acceso a esas riquezas sumergidas sólo puede hacerse con fines científicos y divulgativos y no pueden ser vendidas .

El proyecto de ley que tramita el Parlamento colombiano va precisamente en contra del espíritu de esa convención, ya que los cazatesoros obtendrían el 50 por ciento del valor de lo rescatado.

España se muestra preocupada por esa ley porque una buena parte de los barcos hundidos en aguas próximas a las costas colombianas son antiguos galeones españoles.