Cultura se reserva la última palabra en los aspectos esenciales del patrimonio histórico

En el espíritu del texto, al que ha tenido acceso ABC y del que se informará en los próximos días a las administraciones implicadas para redactar previsiblemente en septiembre el proyecto de ley, hay una voluntad de abrir nuevas vías que jerarquicen unas competencias que se han dispersado por las más de cincuenta leyes que han aprobado las autonomías y por la adopción de normativas internacionales. En la exposición de motivos del anteproyecto, redactado por el secretario general de Cultura, Javier García Fernández , se recuerda que la ley data de 1985 y que precisa de una actualización que la adecúe a las nuevas realidades, partiendo de la competencia estatal sobre el patrimonio que reconoce la Constitución y que el TC ha amparado.

Entre las principales novedades está el reconocimiento del carácter vinculante de los estándares de protección establecidos por la legislación estatal para los Bienes de Interés Cultural y que no puedan ser minorados por las comunidades . Sobre esta imposibilidad de rebajar los criterios estatales se pronunció el TC en 2014, y Cultura se basa en esta sentencia para asegurarse mecanismos de actuación que le permitan «defender el patrimonio histórico contra la expoliación». El Gobierno también refuerza la acción del Estado sobre los bienes susceptibles de ser declarados Bien de Interés Cultural cuando hay riesgo de pérdida o destrucción del bien, reducción del valor patrimonial o situación de indefensión para el titular.

En el artículo que a buen seguro generará más debate, Cultura se reserva la facultad de declarar Bienes Culturales de Interés Mundial los bienes reconocidos por la Unesco. Esta figura de nueva creación permitirá al Gobierno tener instrumentos para responder a requerimientos internacionales como el efectuado por la reforma de las puertas de la Catedral de Burgos , un proyecto que pone en riesgo su condición de Patrimonio de la Humanidad.

Según el texto, en ningún caso se podrá «limitar ni reducir la protección del bien conforme a la legislación autonómica aplicable, ni enervar la competencia que pueda corresponder» a las regiones. Pero esta garantía competencial choca con el funcionamiento del Patronato que se creará para la coordinación entre administraciones. En él participarán los entes autonómicos y locales afectados, así como las entidades privadas que ostenten derechos sobre los bienes, pero el Ministerio de Cultura dispondrá siempre de la mayoría de votos del órgano.

Desde el Ministerio defienden que la Constitución habilita al Gobierno para declarar Bienes de Interés Cultural y que esta nueva figura no choca con el marco constitucional ni con las competencias autonómicas. El objetivo es abrir una nueva brecha estatal que permita cierta homogeneidad en las políticas del patrimonio histórico.

¿Aceptarán los socios nacionalistas del Gobierno esta tutela? Cuestionado por el anteproyecto, que fue aprobado en el Consejo de Ministros del martes, el PNV dijo desconocer el contenido y aseguraron que nadie en Cultura se había puesto en contacto con ellos. Idéntica respuesta dieron desde los ejecutivos de Castilla y León y Andalucía, ambos gobernados por el PP. Pese a que fue García Fernández quien en 2013 presentó unas alegaciones que llevaron al TC a anular la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, lo que podría entorpecer el acuerdo, en el Ministerio creen que los populares podrían adscribirse a esta ley.

Al respecto de la extracción del medio marino de un bien cultural perteneciente al patrimonio histórico subacuático, el texto del anteproyecto impone la supervisión de la misma por parte del Ministerio, sea cual sea su titularidad. También se aborda el régimen de los bienes del Patrimonio Histórico Español exportados sin autorización y, en el régimen de bienes muebles, el Estado se atribuye la facultad para calificar los que hayan sido desplazados dentro del territorio nacional sin informar de ello a las administraciones competentes. Se obliga en la iniciativa a establecer planes de conservación preventivas de los bienes y evitar «indeseados intrusismos profesionales»; es decir, se obliga a desarrollar programas de actuación en orden a evitar nuevos casos como el de la aficionada a la pintura Cecilia Giménez en Borja.

Entre el resto de medidas, más allá de la actualización del régimen de sanciones para combatir el expolio y el contrabando o la inclusión de la cinematografía y el archivo documental de la Filmoteca en la arquitectura legal del patrimonio histórico, destaca la nueva obligación a la Iglesia de no enajenar sus bienes de interés cultural a ninguna entidad que no sea el Estado.

Los obispos no se han opuesto a esta medida, pero sí han reclamado como c ontrapartida que las administraciones contribuyan económicamente en la conservación de los bienes . En el anteproyecto se hace referencia a que la Administración General del Estado «cooperará en la conservación y el enriquecimiento del patrimonio histórico eclesiástico, garantizando siempre el cumplimiento de su función social». El portavoz de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello , recordó que «a veces cuesta bastante trabajo este compromiso».