Cultura da un golpe de timón en la gestión del patrimonio y clarifica competencias

El texto fija estándares comunes para que en muchos casos la ley estatal prevalezca sobre las voluntades de las regiones y «no contribuir a una saturación normativa que genere confusión». El anteproyecto, que antes de ir al Congreso para su tramitación como proyecto deberá ser sometida a los dictámenes de los órganos consultivos preceptivos, actualiza la ley del 85 e incorpora también la ley para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, de 2015. El texto también adapta los convenios de la Unesco y del Consejo de Europa que deben ser incorporados al corpus legislativo.

En el espíritu de esta iniciativa está dejar claros cuáles son los estándares de gestión que se señalan en la ley estatal y dar así eficacia a sentencias como la del Tribunal Constitucional, que en 2014 tumbó el intento de la Comunidad de Madrid de rebajar los criterios de protección establecidos para los Bienes de Interés Cultural. Así, la cartera que dirige Uribes hace referencia a la necesidad de evitar las disfunciones que se producen en el traslado de Bienes de Interés Cultural de una comunidad a otra o a situaciones de desequilibrio que se dan en casos como el uso no autorizado de metales para evitar la destrucción de yacimientos. Se trata de una actividad que solo está prohibida en algunas regiones y Cultura plantea suprimirla en todas ellas.

Más relevante es el punto por el que el Estado se garantiza el ejercicio de su competencia constitucional en la defensa del expolio de Bienes de Interés Cultural . Aquí se actualiza un régimen de infracciones y sanciones que no siempre se podía aplicar bien. Sobre la protección del Patrimonio Arqueológico y Subacuático, se contempla la supervisión por parte del Ministerio en caso de extracción del medio marino de un bien cultural perteneciente al Patrimonio Histórico subacuático. Cultura no quiere nuevos casos Odyssey.

También afecta al marco competencial autonómico la regulación de la nueva categoría de Bienes de Interés Mundial, que se aplicará a los monumentos y conjuntos declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco, figura con la que el Estado les dará una segunda protección y que evitará decisiones contraproducentes por parte de las comunidades. Esta figura afectaría, por ejemplo, a la Catedral de Burgos, cuyo reconocimiento está amenazado por el proyecto de la reforma de sus puertas, a cargo de Antonio López .

Otra de las novedades de la reforma es reconocer el patrimonio cinematográfico con las mismas garantías que los monumentos. Si en la ley de 2015 de Patrimonio Cultural Inmaterial se hace referencia a la música o la danza y otras expresiones culturales como la gastronomía o las costumbres, este anteproyecto reconoce los Patrimonios Industrial, Inmaterial, Subacuático y Cinematográfico y Audiovisual. Se protege el cine con una mención especial al patrimonio que protegen las filmotecas como archivos que guardan bienes culturales.

El texto también hace referencia a los bienes de interés cultural de la Iglesia . La ley quiere prohibir la enajenación de sus bienes de interés cultural salvo que se transmitan al Estado español u otras administraciones públicas, una prohibición que ya existía en los bienes muebles eclesiásticos. Se crea una nueva figura de salvaguardia para evitar catástrofes como el incendio de Notre Dame de París y se imponen planes de conservación para que no vuelva a haber casos como el del 'Ecce Homo' de Borja.