Colombia da la espalda al rigor científico en las nuevas bases para rescatar el galeón San José

La vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, señaló en un comunicado que el Decreto 204 de 2022, expedido el pasado 8 de febrero, «deja un marco jurídico sólido e incontrovertible» que le permitirá a Colombia «mostrar al mundo la defensa sólida del patrimonio arqueológico y cultural de la humanidad, contenido en el Galeón San José». Sin embargo, fuentes políticas confirman a ABC que la normativa no ha seguido las indicaciones del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), que eran mucho más rigurosas para salvaguardar el patrimonio del pecio, declarado Bien de Interés Cultural en 2019.

Lejos de dar la espalda a todas las consecuencias de la ley de Juan Manuel Santos que permitía pagar con parte del contenido del galeón a las empresas de cazatesoros, el decreto establece unas bases poco concretas que llegaría a permitir volver a contratar, por ejemplo, a la misma empresa MAC (Maritime Archaeology Consultans), y además por adjudicación directa. La falta de concreción en la titulación de los empleados y de requisitos de control específico dejan una puerta ambigua para seguir adelante con el proyecto pausado hace ya varios años. Incluso mantiene términos difícilmente tolerables por cualquier arqueólogo científico.

El decreto presidencial establece que los interesados en realizar actividades de exploración, intervención y «aprovechamiento económico» del Patrimonio Cultural Sumergido «con recursos 100% particulares» deberán presentar un inventario de los bienes hallados y «un plan de manejo» para la conservación de los mismos. Y tan solo señala que deberán «presentar el personal técnico responsable del proyecto que cuente con idoneidad». ¿Qué idoneidad, cómo se define? No fija unos criterios arqueológicos ni existe en el decreto referencia alguna a qué tipo de personal, con qué titulación y con qué experiencia debe llevar a cabo los trabajos.

Quien desee rescatar los restos del San José tendrá que presentar un plan de investigación que señale los procedimientos que se van a seguir y los equipos técnicos que se van a utilizar, así como incluir «un programa de conservación que involucre la totalidad de objetos hallados». Pero ya no se requiere licitación entre una y otra fase. Se hará por contratación directa con el Estado.

Desde su hallazgo en 2015, el rescate del galeón San José ha sido objeto de polémica pues se trata de un buque de Estado español que partió del entonces virreinato de Perú con bienes de la Corona española. España ha defendido la preservación del patrimonio histórico cultural conjunto que une a ambos países y ha ofrecido cooperación técnica para la recuperación del pecio. El galeón estuvo a punto de ser expoliado por la empresa británica Maritime Archaeology Consultants (MAC), en la que figuraban conocidos cazatesoros, a la que contrató el anterior Ejecutivo colombiano presidido por Juan Manuel Santos.

«Habría sido totalmente irresponsable entregar los hallazgos que se encuentran en este patrimonio para el lucro de unos anticuarios, una vergüenza para las generaciones futuras de colombianos», afirmó la vicepresidenta Ramírez antes de recordar que el Gobierno de Iván Duque declaró el galeón «como patrimonio arqueológico, cultural e histórico, con todo su contenido y su estructura, que son invaluables por lo que representan para la historia».

La vicepresidenta expresó además el deseo del Ejecutivo colombiano de que el tesoro -hundido a una profundidad de entre 600 y 1.000 metros- se exponga en un futuro «en un museo de especies náufragas del cual, que sea un orgullo para Colombia, el Caribe y el mundo».

Sin embargo, Colombia sigue manteniendo en vigor el contrato con la misma empresa con la que iba a expoliar el San José. Destacados especialistas de ambos países criticaron el pasado año que la misma compañía contratada para extraer y vender el cargamento pueda servir cuando se trata de poner en pie un proyecto serio y científico. Señalaban a ABC que las indemnizaciones comprometidas por el expresidente Juan Manuel Santos podrían explicar el hecho de que Colombia no hubiera roto con los cazatesoros.