Colombia embarga el tesoro del galeón San José ante la inoperancia de España

Por un lado, esto anula de un plumazo el plan del expresidente Juan Manuel Santos de imponer a una empresa británica controlada desde las Islas Caimán para el rescate y reparto del galeón, con un contrato lleno de corruptelas denunciado por ABC, y por otro dictamina que cualquier resto que se extraiga de la zona en la que se hundió este buque deberá ser depositado en el Banco Nacional de Colombia . El tribunal de Barranquilla lo hace para defender los intereses de la empresa Sea Search Armada (SSA), con la que Colombia firmó en los años ochenta un contrato en exclusiva que Santos no tenía intención de respetar. Como siempre que los cazatesoros protagonizan el debate, ni la ciencia ni la arqueología asoman por ningún lado.

Pero hay dos asuntos importantes. Primero es un dato más que demuestra que Santos mintió desde el principio , que dijo haber descubirto con sus socios de MAC lo que ya estaba descubierto décadas antes por SSA . Todo el relato del «viejo de barba blanca» no fue sino un cuento para ingenuos, porque lo que de verdad se jugaba en el contrato con MAC era el reparto del patrimonio común y compartido . Por otro lado, el hecho de que sea el tribunal de Barranquilla, en la costa, quien se pronuncie, nos indica el desapego que ese universo cultural tiene por las manipulaciones de la élite bogotana que llevan años engañando a todos con el «tesoro» y el «cipote museo» que Santos vendía urbi et orbi.

Ante la cara de los políticos que se hinchan de decir que es patrimonio de los colombianos , patrimonio de la humanidad o simplemente patrimonio, aquí solo se habla del oro , una vez más, y no de los navegantes españoles que hicieron posible la ruta, ni de la tripulación o de los pasajeros, mucho menos del conocimiento que los restos del galeón albergan sobre la red de comercio global en los inicios del siglo XVIII. Porque el secuestro y embargo del tesoro que pudiera ser extraído tiene como única finalidad que la mitad vaya a manos de la empresa Sea Seachr Armada (SSA).

España, a estas alturas, mostrando una inoperancia sin límite, cultivada con denuedo por nuestra clase política, ni ha reaccionado, ni ha ofrecido alternativas a lo largo de los últimos años, ni se le conoce una postura informada al respecto. Ni los gobiernos del PP ni los del PSOE han sabido dar un solo paso en la buena dirección. Y cuentan con información al respecto desde 2013.

El tribunal de Barranquilla que ha ordenado el embargo o «secuestro» del tesoro del galeón español San José responde a la apelación formulada por la SSA que ha reclamado reclama sus derechos sobre el 50 % de la carga y los ha ganado en todas las instancias judiciales a las que ha acudido, tanto en Colombia como en EE.UU. Tal es la seriedad del contrato que firmaron con el Gobierno de Betancourt.

Con este auto, el Tribunal Superior de Barranquilla revoca una resolución de octubre de 2017 y mantiene «la medida cautelar de secuestro decretada por providencia del 12 de octubre de 1994». Esta medida cautelar fue vista con desconfianza por el Gobierno de Juan Manuel Santos, como un posible impedimento a sus planes de reparto con Maritime Archaelogy Consultants (MAC), la empresa con la que pretendía suscribir el contrato llamado APP que permitía, tras cambiar la ley colombiana, que una empresa de cazatesoros excavase el galeón y fuera pagada con la carga. La ley 1675, reformada por Santos, afirma que los lingotes y monedas que salgan del galeón pueden ser declarados no patrimonio, por un criterio «mágico» inspirado por los cazatesoros: porque están muy repetidos, es decir, que hay muchos.

En su fallo, el tribunal quiere proteger los intereses legítimos de SSA, y precisa que revoca «el auto de fecha 31 de octubre de 2017 [aún Colombia estaba bajo el mandato de Santos] proferido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Barranquilla dentro del proceso verbal (...) promovido por la sociedad Sea Search Armada (SSA) contra la nación» colombiana.

En dicho auto el juzgado «resolvió levantar la medida cautelar de secuestro dentro del proceso», lo que provocó la apelación de SSA. Sea Search Armada reclamó en 1989 «el 100 por ciento de los bienes de valor económico, histórico, cultural o científico que tuvieran la calidad de tesoros para el caso de lo que se encontrara en la plataforma continental» o dentro de las coordenadas que habían quedado consignadas en un informe confidencial de 1982.

Un juez de Barranquilla determinó en 1994 que los tesoros corresponderían en un 50% a Colombia y en otros 50% a la compañía estadounidense . Y ese fallo se ha repetido en varias instancias judiciales. Pero Santos concibió otros planes a su llegada al poder.

Todo cambió cuando Santos anunció el hallazgo el 4 de diciembre de 2015 . Su gobierno puso en marcha una licitación con empresas extranjeras para extraer el pecio del fondo del mar. La licitación preveía un porcentaje de la valiosa carga de metales preciosos que llevaba el navío como parte de pago por ese trabajo. Pero ese contrato diseñado con tinta de calamar exigía pagar con el metal al peso a los cazatesoros de MAC. Así, para una inversión dterminada les sería entregada una cantidad de metales preciosos que podría ser diez veces mayor, puesto que una moneda al peso cuesta los 20 dólares de la plata que lleva y sin embargo en subasta alcanza los mil dólares . Esa era una de las peores condiciones del expolio diseñado por la anterior administración colombiana.

Tal vez por eso el Gobierno del presidente Iván Duque, sucesor de Santos, ha postergado en varias ocasiones los plazos para la contratación de la empresa que recuperará el galeón, el más reciente de los cuales venció el pasado 10 de marzo. En campaña declaró que le parecía «vergonzoso» el trato de Santos con MAC. Y la vicepresidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez, aseguró este lunes una vez más que el Gobierno no permitirá que el tesoro del galeón acabe en anticuarios del mundo . «Nuestra historia y el legado de nuestros antepasados no terminará convertido en bienes para negociar por anticuarios, coleccionistas ni cazatesoros del mundo entero», afirmó Ramírez en Bogotá.

Sin embargo, diversas fuentes confirman a ABC que Duque está aún contemplando mantener, si bien modificado, el contrato con MAC. Sobre todo por la incapacidad de España de poner una alternativa sobre la mesa, basada en la ciencia y en la cooperación internacional, que son las grandes ausentes en todo este largo conflicto. El patrimonio compartido y común merece que se estudie siguiendo las mejores prácticas por profesionales del máximo prestigio. Santos había prometido un «dream team» y sin embargo puso al frente del proyecto a una caterva de cazatesoros financiados por empresas que se vieron envueltas en Londres en escándalos de evasión fiscal.

La vicepresidenta ha declarado que la Constitución colombiana «impone el compromiso de defender el patrimonio de todos los colombianos y el Gobierno del presidente Iván Duque no ahorrará esfuerzos en esta labor». También que Colombia cuenta con una Ley, la 1675 del 30 de julio de 2013, que en teoría tiene por objeto «proteger, visibilizar y recuperar el Patrimonio Cultural Sumergido» pero que es la que permite la venta del patrimonio asociado al galeón (siempre que se le extirpe ese valor patrimonial).

Esa ley recoge que «no se considerarán patrimonio cultural sumergido» las «cargas comerciales constituidas por materiales en su estado bruto, cualquiera sea su origen, tales como perlas, corales, piedras preciosas y semipreciosas, arenas y maderas», así como los «bienes muebles seriados que hubiesen tenido valor de cambio o fiscal tales como monedas y lingotes», y también algunos bienes manufacturados, es decir, prácticamente un 80% del contenido del galeón.