Colombia declara BIC el galeón San José para impedir la comercialización

El arqueólogo Juan Guillermo Martín , de la Universidad del Norte, ha explicado que, gracias a su declaración como BIC, todo el naufragio queda «en manos de la nación y protegido constitucionalmente como una unidad indivisible, inalienable, imprescriptible e inembargable, por lo que ni una sola pieza de madera o moneda se podrá comercializar». Martín fue esencial en la defensa de los criterios científicos frente al empeño del expresidente Juan Manuel Santos de expoliar el galeón , pagando con la mitad del tesoro a una empresa británica, Maritime Archaeology Consultants (MAC), detrás de la que estaba Oliver Plunkett y un conjunto de cazatesoros apoyados por una trama financiera de largo historial.

Para darle apariencia legal a sus planes, Santos tramitó la Ley 1675 de 2013, que abrió la puerta para que las empresas cazatesoros operasen en Colombia. Y puso al frente del Instituto de Patrimonio a Ernesto Montenegro, pieza clave en la puesta en marcha del proyecto que iba a extraer 55.555 piezas diarias para cumplir el ritmo anticientífico impuesto por MAC. Para Juan Guillemo Martín, «la columna vertebral del proyecto de Santos, que era el pago con parte del hallazgo, obviamente se cae».

Bajo esa ley de 2013, recuerda Martín, «se diseñó la Alianza Público Privada (APP), un contrato público para saquear el galeón San José , que era el interés particular de MAC». En la empresa figuraban conocidos cazatesoros nombrados como científicos, como Mensun Bound, o Roger Dooley. Este último fue el autor de las bases de reparto del oro (al peso) que sirvieron para construir la APP.

Para Camilo Gómez Alzate, director de Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y responsable de negociar con MAC, «se ha dado el paso formal y final para que ninguna pieza que se extraiga del galeón pueda ser comercializada . También es un precedente muy importante frente a todos los demás navíos que están en aguas colombianas».

El Gobierno español ha manifestado que «la declaración no afecta para nada a la oferta de colaboración de España que se fijó en la declaración conjunta durante la visita de los ministros Borrell y Guirao». Pero nadie entendería que se siente a negociar en una mesa en la que siga MAC, aunque haya universidades o instituciones científicas.