El ministro José Guirao y la consejera Laura Borrás
El ministro José Guirao y la consejera Laura Borrás - EFE

El Archivo de Salamanca vuelve a la «normalidad» de entregar más papeles a la Generalitat

Hay 43.000 documentos en el punto de mira de Cataluña, que no ha devuelto 400.000 papeles en entredicho

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Es como el día de la marmota. Nada más volver el PSOE al Gobierno de España, con necesidad de apuntalar la mayoría que lo sostiene -y el mismo día en el que la ganadora del premio Nacional de Poesía, Antònia Vicens, exigía la «liberación de los presos políticos»-, el ministro de Cultura José Guirao y la consejera catalana Laura Borrás, «norma- lizaron» de cara a futuros presupuestos proyectos culturales que estaban «aparcados», entre ellos retomar la entrega de los documentos del Archivo General de la Guerra Civil, con sede en Salamanca, informa Ep.

Es el día de la marmota porque en tiempos de Zapatero, 2004, ante la necesidad de apuntalar a ERC como socio y con Carmen Calvo como ministra de Cultura, se hizo la ley de devolución y se les entregó todo lo que pidieron. Eso sí, se nombró una comisión técnica para decidir cuáles eran los documentos que la ley exigía trasladar a Cataluña.

Salvar el Archivo

Solamente las denuncias de Policarpo Sánchez y la asociación Salvar el Archivo de Salamanca pusieron sobre la mesa las pruebas de que la comisión hizo mal su trabajo, con unos 400.000 documentos indebidamente trasladados, según el cálculo de Policarpo Sánchez. Algunos eran papeles del PSOE de Asturias, o de otras entidades y personas que nada tenían que ver con Cataluña. En ocasiones, no se dejó la copia debida que la ley obligaba a ceder como única manera de mantener la unidad del Archivo.

Policarpo Sánchez, presidente de Salvar el Archivo de Salamanca
Policarpo Sánchez, presidente de Salvar el Archivo de Salamanca

Pero la Generalitat nunca quiso devolver uno solo papel, ni permitir la foto de un documento retornado, aunque las evidencias y una sentencia del Constitucional y otra del TSJC la obligaron a tener mínimos gestos con familias que exigían el retorno de papeles indebidamente trasladados, como el joyero madrileño Guillermo Suils.

El Constitucional dijo que «el Estado (…) no transfiere la titularidad del Archivo General de la Guerra Civil a la Generalidad de Cataluña, sino que le transfiere una serie de fondos documentales (…) a los efectos de su restitución a los propietarios originarios o sus sucesores». «Si la transferencia de los documentos se produce a los efectos de ser restituidos, y esta restitución no se puede producir, por no haberse podido acreditar la titularidad de los mismos, tales documentos deben ser reintegrados al archivo de titularidad estatal».

Guillermo Suils se emocionó el día que pudo volver a comprobar que el carnet de su padre había vuelto al Archivo de Salamanca tras las presiones de Salvar el Archivo
Guillermo Suils se emocionó el día que pudo volver a comprobar que el carnet de su padre había vuelto al Archivo de Salamanca tras las presiones de Salvar el Archivo - David Arranz

Por su parte el TSJC dictó otra sentencia en la que se señala la responsabilidad del Ministerio de Cultura en los envíos que no estaban justificados y dice que «fue el Ministerio de Cultura el que mediante las Órdenes de 18 de enero de 2006, 30 de julio de 2008, 18 de diciembre de 2008, 17 de mayo de 2010, 24 de noviembre de 2010 y 19 de julio de 2011, autorizó la salida de los fondos documentales y otros efectos depositados en el Archivo General de la Guerra Civil», por lo que pide que se dirijan acciones legales contra la Administración del Estado.

España nos roba

Durante años, las autoridades catalanas han dejado aparcado el tema, ocupadas como han estado en celebrar el lema «España nos roba» y en aumentar la tensión con el Estado y practicar las múltiples vulneraciones a las leyes españolas durante el "procés". El Gobierno del PP decidió, no sin retrasos, no entregar más papeles mientras no hubiera voluntad de corregir esa situación.

En la reunión de ayer, la primera del ministro Guirao y la consejera Borrás, se decidió convocar en noviembre otra comisión -la misma comisión- de memoria histórica para «resolver los temas pendientes» en torno a este asunto «de acuerdo con la ley». «Y no son tantos. En algún momento se atascó por temas políticos», ironizó Guirao.

Policarpo Sánchez ha elevado un escrito pidiendo al Gobierno que no vulnere la ley, que consulte a sus servicios jurídicos, y se reserva la posibilidad de acciones legales «para volver a la defensa de la integridad del Archivo». Afirma que los 43.000 documentos que quieren entregar ahora pertenecieron a Ayuntamientos, por lo que no están amparados en la ley de 2005, cuyo objeto son solo papeles de la Generalitat y el Parlament. Otros eran de personas que ya no existen y por tanto no pueden ser devueltos.

Fuentes del Ministerio de Cultura aducen que aceptará el criterio de los técnicos de la comisión, y afirman -de momento sin pruebas- que no hay tantos errores como se denuncia desde Salvar al Archivo. Eso sí, pide que «los que acusan de que estamos negociando votos o presupuestos que lo demuestren, porque no es cierto». Es como el día de la marmota.