La Audiencia Nacional confirma que Ramoncín tendrá que ir a juicio

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal ha dictado un auto en el que desestima los recursos presentados por las defensas de Ramoncín y Neri contra la decisión del juez José de la Mata de incoar una pieza separada de la causa principal en la que investiga el desvío de fondos en la SGAE y transformar estas actuaciones en procedimiento abreviado, trámite equivalente al procesamiento .

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 consideró entonces a los cuatro exdirectivos responsables de delitos de falsedad documental, apropiación indebida y administración fraudulenta por cargar presuntamente a la entidad facturas falsas o por servicios inexistentes.

Los magistrados Alfonso Guevara, Carmen Lamela y Fermín Echarri niegan que Ramoncín y Neri hayan sufrido ninguna «indefensión» en la causa y defienden que el instructor no ha vulnerado su derecho de defensa. «No nos encontramos ante unas meras sospechas o conjeturas, sino ante indicios de criminalidad que se han visto corroborados en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal», añaden.

La Fiscalía acusó al músico de aprovechar la situación que «ostentaba en la SDAE y la SGAE, en connivencia con Neri, para idear y elaborar determinada documentación que en apariencia diera cobertura a la ilegítima salida de fondos que iban a llevar a cabo» a través de los proyectos 'El Creador', 'La caja fuerte virtual', '¿Hablamos el mismo idioma?', 'Proyecto de divulgación de los derechos de autor' y el adelanto de una indemnización ordenada por el Tribunal Supremo el 10 de febrero de 2011. La Fiscalía pide cuatro años y diez meses de cárcel para Ramoncín y Neri.

Además, el tribunal sostiene que la decisión de De la Mata de abrir una pieza separada sobre estos hechos fue «correcta, racional y razonable», contó con la motivación suficiente y está justificada en la pretensión de evitar «unas dilaciones que podrían prononsticarse desmesuradas».

«Sin ánimo de comparación que vaya ni un sólo un milímetro más allá de lo puramente procesal, las causas seguidas contra miembros de bandas armadas exigen con frecuencia esa división de piezas. Acumular en una sola causa el enjuiciamiento de todos los atentados y conductas delictivas concomitantes del protagonista de una larga trayectoria criminal devendrá un disparate desde el punto de vista de la lógica y desde un punto de vista procesal», exponen a modo de ejemplo.

De esta forma, rechazan la petición de Neri de no ser excluido de la causa principal porque hay conexión entre ambas investigaciones y responden que tampoco «es un debate legalmente aceptable» si sería más constitucional y menos «degradante» celebrar un solo juicio de treinta sesiones en lugar de varias vistas. «No puede erigirse una solución como la única constitucional descalificando otras como vulneradoras de derechos fundamentales», agrega.

La Fiscalía pedía para el exdirector de los Servicios Jurídicos de la entidad Pablo Hernández Arroyo una pena de dos años y nueve meses de cárcel por apropiación indebida o, alternativamente, una multa de 40.356 euros por administración fraudulenta . La pena solicitada para el ex director general de SGAE y exconsejero de la filial digital Enrique Loras es de dos años de cárcel por apropiación indebida o, alternativamente, una multa de 20.866 euros por administración fraudulenta.