Azaña y el Estatuto de Cataluña

A Ortega le reprochaba Azaña una aproximación al problema de Cataluña que se le antojaba pesimista, al haber afirmado el filósofo madrileño el carácter insoluble del «problema catalán», y referirlo a la presunta frustración histórica de un pueblo que se sentía permanentemente insatisfecho, despojado de su soberanía plena, ajeno a la voluntad e, incluso, al carácter del conjunto de los españoles. Acusaba a Ortega de exagerar, pero su respuesta también podía ser tildada de excesiva. Como comentábamos el pasado domingo, Ortega se refería a aquellas posiciones del nacionalismo que, inflamando un romanticismo irredentista, acentuando el perfil de una personalidad colectiva en permanente estado de alienación, sostenía que la única forma de realizar las aspiraciones del pueblo catalán era romper con el proyecto histórico de España.

También Azaña afirmaba que la unidad de España no podía ser negociable. Indicaba que el modo concreto que tomara esa unidad era precisamente el problema que debían resolver los representantes de la nación. La organización del Estado y, en consecuencia, la forma adecuada de establecer la autonomía de cualquiera de las regiones españolas, era una cuestión política que demandaba reflexión y soluciones igualmente políticas. Es decir, decisiones tomadas por unas Cortes en las que residía la soberanía nacional.

Las propuestas que pudieran llevar a la disolución de España eran inaceptables, justamente porque se rebelaban contra lo que se había votado como Carta Magna del nuevo régimen por quienes representaban al conjunto de los españoles: «Todas las preocupaciones relativas a la dispersión de la unidad española no están siquiera sometidas a discusión. La unidad de España no puede padecer, porque si padeciera vosotros no habríais votado la Constitución que nos rige. De suerte que, mientras nos mantengamos dentro de los límites de la Constitución, hablar de la dispersión de España por la votación de los Estatutos es una insensatez».

Las palabras se dirigían contra quienes habían alzado la bandera de un temor que Azaña juzgaba injustificado. O contra quienes enarbolaban un patriotismo español excluyente al estimarlo privativo de una determinada actitud ideológica. Pero también podían aplicarse a quienes, desde posiciones separatistas, consideraban artificial o fracasada la existencia misma de la nación española.

La incorporación de las aspiraciones autonomistas de Cataluña a la construcción del Estado español era una necesidad histórica y una posibilidad política. La primera dependía de una correcta apreciación de la realidad histórica de la nación española, cuya evolución se había producido en circunstancias institucionales muy diversas. La segunda debía basarse en el realismo, en la atención a las propuestas que no vulneraran lo esencial de esa larga trayectoria de vida en común, sino que la ajustaran a la época que se estaba viviendo.

Había de aprenderse del fracaso del liberalismo español del siglo XIX, que ni siquiera fue capaz de aprovechar el impulso patriótico de la guerra de la independencia, y había caído en un estéril e injusto proceso de uniformización. Había que reflexionar sobre la superación del romanticismo deformante de las Bases de Manresa por lo más sensato del catalanismo político.

Por supuesto, la nueva organización del Estado, dispuesta a dar una solución política integradora a las aspiraciones regionales, debía responder a la más estricta lealtad institucional: «El Estatuto de Cataluña lo votan las Cortes en uso de su libérrimo derecho, de su potestad legislativa en virtud de las facultades que para votarlo le confiere la Constitución. El Estatuto sale así de la Constitución, y sale de la Constitución porque la Constitución autoriza a las Cortes para aprobarlo».

Y esa lealtad había de sumarse a un elemento previo: la irrenunciable conciencia nacional de quienes deseaban organizar el Estado: «Si nosotros no estuviésemos convencidos de que el votar la autonomía de Cataluña, o de otra región cualquiera, es una cosa útil para España, justa e históricamente fundada y de gran porvenir, por muchas cosas que hicierais o que dijerais no os votaríamos la autonomía bajo ningún concepto ni pretexto. Es pensando en España, de la que forma parte integrante, inseparable e ilustrísima, Cataluña, como se propone y se vota la autonomía de Cataluña, y no de otra manera».

Frente a los recelosos permanentes y frente a los separatistas, Azaña ofrecía una solución constitucional. Acertada o no, pero solución que implicaba su deseo de actualizar la tradición histórica mediante el uso patriótico de la razón política. Lo que equivalía a asumir la permanencia innegociable de España en la contingencia de sus formas institucionales. Al vehemente Antonio Royo Villanova, diputado agrario, le respondía, por ello, que «uno de los mayores errores que se puede cometer en nuestro país es contraponer a las cosas y sentimientos de Cataluña el espíritu español». Palabras que podían aplicarse a quienes, desde el separatismo, albergaban tales pretensiones. De lo que se trataba, y así lo dijo sin renunciar al tono emocional de sus palabras finales, era de estar preparados para «saludar jubilosos a todas las auroras que quieren despegar los párpados sobre el suelo español».