Así será la ley de Propiedad Intelectual

Para proteger los derechos de propiedad intelectual sin cortar el flujo de información en la red, lo que a tantos ha preocupa, la ley incorpora una medida pionera -e inesperada- que consiste en limitar el derecho de cita, tanto en educación, como en los agregadores de noticias y otros servicios online . Es una medida pionera en Europa, explican en Cultura, que hace obligatoria la remuneración por los contenidos sujetos a derechos que figuran, por ejemplo, en sitios como Google News, Yahoo News o Menéame. Los agregadores deberán negociar con Cedro y Vegap el pago por el uso de textos y fotos en un plazo de cinco meses desde la configuración de las tarifas . Los enlaces de los motores de búsqueda, como Google o Yahoo, estarán exentos de este pago.

Entre los cambios adoptados, destaca también la apertura de una vía civil para investigar e identificar a los responsables de la vulneraciones significativas de la propiedad intelectual. Ha bastado la reforma del artículo 256 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para mejorar la identificación de los infractores a través de la IP mediante tutela judicial .

Paralelamente la Comisión de Propiedad Intelectual, responsable hasta ahora de las medidas contempladas en la Ley Sinde, ha sido reforzada. Para empezar podrá imponer sanciones gradualmente, de 30.000 a 300.000 euros , dependiendo del tipo de infracción.

Esta nueva ley perseguirá además a todos los intermediarios porque ha marcado como objetivo el modelo de negocio. ¿Cómo? El régimen sancionador será extensible tanto a quien tiene los contenidos alojados como a quien los enlace masiva y ordenadamente desde una web, facilitando su búsqueda. Pero además se hará responsables a los anunciantes que financian las webs, así como a las plataformas de pago digital que permiten que los usuarios paguen por cuentas premium . Esas cuentas y los anuncios son las principales fuentes de financiación de la piratería en España. En definitiva, supone un punto de inflexión.

En el Ministerio de Cultura reconocieron ayer que en los dos años que lleva aprobada la ley Sinde se ha visto que resultaba perentorio ampliar el abanico de medidas administrativas de la Comisión. Antes solo se perseguía al alojador de contenidos, que se encuentra normalmente fuera de España y cuyo responsable resulta difícil de identificar. Ahora todo eso se mejora con la vía civil. Para notificar bastará un email. Pero nunca se actuará contra el usuario , ni contra los enlaces que sean técnicamente neutros, sino contra quien se lucra con los contenidos ajenos . La ley excluye por ello a los buscadores que «ocasionalmente y sin finalidad comercial» puedan enlazar contenidos ilícitos. Según decía ayer José Ignacio Wert tras el Consejo de Ministros, «se actúa contra aquellas entidades que facilitan específica y masivamente los contenidos de manera ilícita».

Otra columna central de la ley es mejorar la transparencia , la eficacia y el control al que se someten las entidades de gestión. Para empezar se impone un sistema recaudatorio de ventanilla única, que quiere abaratar los costes de los clientes que hoy deben dirigirse a varias entidades para cada actividad protegida. Este punto ha causado roces entre las entidades que temían una situación de ventaja de la SGAE, pero el Gobierno ha encontrado una solución que ha cerrado la polémica.

Esa ventanilla será una web, gestionada por una sociedad o persona jurídica que las entidades y otros operadores deben crear por pacto y en igualdad de condiciones en un plazo de cinco meses desde la entrada en vigor de la ley. En esa web los usuarios y clientes tendrán métodos claros y unificados de pago y será la sociedad gestora la que establezca el reparto debido entre entidades. De no haber pacto, intervendrá la Comisión de Propiedad Intelectual.

La Secretaría de Estado vigilará las obligaciones de las entidades sobre tarifas, repertorio, ingresos y reparto para asegurar la máxima transparencia hacia sus asociados, el público en general y las administraciones. La ley introduce por primera vez una regulación de infracciones y un régimen de sanciones, que estarán vinculadas a un porcentaje de la recaudación del año anterior de la entidad, que podría llegar hasta el 2% en los casos graves. La máxima sanción sería la retirada de licencia y cierre aunque también se prevé la posibilidad de que sea intervenida con un gestor interino. También tendrá que ser aprobada por el Ministerio la creación de sociedades mercantiles o fundaciones, sobre la base de que estén justificadas y siempre con carácter excepcional. Por su parte, la Comisión de Propiedad Intelectual controlará el régimen de las tarifas, con el fin de velar por su adecuación y también establecerlas en caso de falta de acuerdo. Asimismo las entidades estarán sometidas al control de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia .

La nueva ley también confirma el modelo de pago por compensación de copia privada, que recae desde el año pasado en los Presupuestos Gererales del Estado . Sin embargo, en la nueva norma cambia el concepto legal de copia privada. El Gobierno ha reducido los supuestos que se aceptan como copia privada. Prácticamente son las copias de materiales (CDs y DVDs) de propiedad del usuario y las copias temporales tomadas de radio y televisión sin fines comerciales. Con tan pocos supuestos contemplados, la asignación de compensaciones a las entidades se ha reducido drásticamente, hasta llegar a 5 millones de euros . Ello ha provocado las críticas de las entidades que antes vivían en mayor medida de este dinero, que además estaba a cargo de los fabricantes, aunque se gravaba a los usuarios en el precio final (el llamado canon digital).

Según el ministro Wert, esta modificación cumple con el documento de recomendaciones que la Comisión Europea encargó a António Vitorino , «teniendo en cuenta que esta protección y el establecimiento de dicha compensación por copia privada cada vez tiene menor importancia en los soportes materiales y mayor en los inmateriales». El futuro serán las copias licenciadas.