Odyssey Marine Exploration, condenada en EE.UU. por mala fe y deslealtad
Greg Stemm, CEO de Odyssey - abc

Odyssey Marine Exploration, condenada en EE.UU. por mala fe y deslealtad

Nuevo varapalo judicial a la empresa de cazatesoros que expolió la fragata «Mercedes» y trató de engañar a España sobre el origen del barco

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El Tribunal de Distrito de Florida en el que la empresa de cazatesoros Odyssey Marine Exploration se enfrentó al Reino de España en un largo litigio -que ha durado más de cinco años tras el expolio de la fragata «Mercedes» en 2007 en aguas próximas al Estrecho de Gibraltar- acaba de dar otro varapalo a la compañía que tiene su sede en Tampa. La condena por mala fe y deslealtad durante el proceso.

En un auto que acaba de producirse, el juez condena a Odyssey por esa mala fe y deslealtad mostradas en este litigio, en el que se negó a identificar el barco, luego puso distintas trabas y condiciones para el acceso de inspectores españoles a la carga de la fragata y agotó todos los recursos posibles, a pesar de su conocimiento del origen del material expoliado, antes de dar su brazo a torcer y devolver las más de 600.000 monedas (17 toneladas) y otros objetos.

La dura sentencia establece que Odyssey actuó de mala fe manifiesta durante el litigio, incluso tras la sentencia del circuito de apelación. Además el juez indica que la postura de Odyssey fue frívola ante el proceso. De hecho, de los más de 3 millones de dólares de gastos en los que España debió incurrir para defenderse del expolio cometido, no menos de dos tercios, según el Tribunal, son achacables a la conducta de los cazatesoros.

Entre los intagibles que reconoce el juez Steven Merryday de Tampa destaca la rica y memorable historia naval española, cuyo patrimonio Odyssey removió contraviniendo la ley y la voluntad de nuestro país, sojuzgando además el origen de dicho patrimonio, algo que no está entre las facultades de los cazatesoros, según el juez.

Por si hubiera duda alguna, el Tribunal explica que Odyssey conocía la identidad del buque expoliado y se negó a confesarlo porque sabía que España entonces tendría derecho sobre la carga.

Por ello el juez Merridey condena a los cazatesoros al pago de 875.022,75 dólares, o lo que es lo mismo, la mitad de las dos terceras partes del gasto de España en abogados antes del 10 de febrero de 2012, fecha de la sentencia del caso.