Las entidades de gestión piden a Wert que retire la Ley de Propiedad Intelectual

En un comunicado conjunto, las ocho entidades de gestión han solicitado a Wert que paralice la tramitación del anteproyecto que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 22 de marzo e inicie un proceso de diálogo "tal y como se comprometió en su día, mediante la creación de un grupo de trabajo" con estas organizaciones.

Para estas entidades, el texto aprobado por el Consejo de Ministros no cumple los objetivos que se marcó el Gobierno "puesto que no facilita la gestión de los derechos de propiedad intelectual ni permite mejorar su nivel de protección, además de no seguir las recomendaciones europeas en materia de copia privada ni la de los tratados internacionales en materia de propiedad intelectual".

Las organizaciones ponen como ejemplo el modelo seguido en Francia, donde, tras nueve meses de trabajo y cientos de entrevistas con distintos agentes del sector cultural francés, se ha redactado a petición del presidente François Hollande el denominado "informe Lescure".

Este informe incluye 80 propuestas sobre la oferta legal en internet; la remuneración a los creadores y la financiación de la creación; y la adaptación de los derechos de autor a la era digital, incluyendo la lucha contra la piratería.

La principal propuesta del "informe Lescure" es gravar con un nuevo impuesto a fabricantes y vendedores de ordenadores, tabletas, teléfonos inteligentes y televisiones con conexión a internet con la intención de desarrollar nuevas herramientas que contribuyan a financiar los contenidos culturales.

La nueva batería de medidas que estudiará el Gobierno francés pretende adaptar ese espíritu al siglo XXI y a la época de la piratería digital y de los gigantes de la distribución, como los estadounidenses Amazon, Google o Apple.

En su comunicado, las entidades españolas ponen de manifiesto que la experiencia acumulada en el desarrollo de otros proyectos normativos, tanto nacionales como europeos, ha demostrado la conveniencia de contar con espacios de diálogo con los afectados y con estudios en la materia.