La historia común espera a ser descubierta bajo los siete mares

Pronto, aquellos barcos se convirtieron en las máquinas más complejas, las más increíbles de la era preindustrial. En sus cubiertas dejaron de viajar solo intrépidos españoles sedientos de horizonte (y de riquezas), porque el pasaje se amplió a todo el mestizaje de la sociedad criolla. Por tanto, el tráfico de la primera navegación global es parte de todos, una historia compartida que hoy debemos reivindicar.

Miles de aquellas naves naufragaron, hundidas por violentos huracanes, golpes contra arrecifes, batallas a boca de fuego artillado y ataques de piratas, fundamentalmente. Y cada naufragio sumergió un pedazo de la gran historia común, al llevarse al fondo del mar, cada navío, centenares de vidas, sueños y también enseres, objetos personales, amuletos secretos, mapas y cartas de amor, astrolabios y rezos ahogados para siempre. Los siglos bajo el mar han mecido en el silencio todo aquello, en el olvido casi poético del cementerio marino, y ya solo podemos recordar que los formidables navíos de la Carrera de Indias, o el galeón de Manila, acarreaban el oro a raudales que la Corte española derramaba después por toda Europa, tanto en comercio como en guerras... Es historia.

Con el tiempo, con la derrota de Trafalgar, con el Desastre del 98, España terminó dando la espalda al mar que la circunda, el mismo que ensanchó su pasado, y asumió sin lógica la leyenda negra, la versión de sus enemigos. Reflejo de todas estas contradicciones y de muchas otras, es el trato que la España contemporánea ha dado a su patrimonio naval. Entre el olvido y el expolio se ha movido durante décadas. Al principio porque el mar blindaba el acceso a los yacimientos y más tarde por falta de interés y de medios apropiados.

Lo extraño es que los buques naufragados solo podrían ser comparados con las naves espaciales perdidas en algún lejano confín. Y si en un futuro remoto alguien se acercase a recuperar los vehículos que atravesaron fronteras antes inalcanzables, no parece que la perspectiva crematística sea la más apropiada; no debería permitirse que alguien destruyera una nave para extraer cargas preciosas ni en ese futuro ni en el pasado...

Pero eso es, exactamente, lo que hacen los cazatesoros: horadan el casco, rompen y remueven los restos para extraer el oro de los galeones. Lo han hecho durante las últimas cinco décadas furtivamente en cientos, tal vez miles de buques españoles hundidos, aniquilando a la vez la posibilidad de que recuperemos algún día las historias que se fueron a pique con ellos. España no quiso, no pudo o no supo frenar una industria floreciente que empezó a ser tolerada en la sociedad y los tribunales de EE.UU. Hasta que la tecnología les permitió llegar a cualquier pecio, incluso a miles de metros de profundidad.

Todo cambió un día de mayo de 2007. La noticia de que una empresa de cazatesoros como Odyssey Marine Exploration había expoliado y cargado en dos aviones las monedas de un buque español nos quitó el velo de los ojos. Indignados, supimos que la empresa contaba con permisos y que España, gracias a la imprudencia de varios gobiernos centrales y autonómicos, había tolerado sus operaciones en el Estrecho durante más de 6 años. Expoliaron probablemente más barcos en ese tiempo. Pero planteamos y ganamos el litigio consiguiente y al menos la carga de la fragata «Mercedes» regresó.

Las monedas y los objetos recuperados se restauran ahora en el Museo Arqua de Cartagena, donde hoy, precisamente, se clausura el I Congreso de Patrimonio Subacuático, un paso en la buena dirección. Allí, los especialistas repasan las actividades arqueológicas de las últimas décadas y miran al futuro. Cabe preguntarse: ¿Ha cambiado todo después de Odyssey?

Algunas cosas, sí. España aprobó la Convención de la Unesco , un texto que es la referencia mundial para proteger este patrimonio que hoy está en peligro, que cuenta con el refrendo de 42 países (aunque no EE.UU. ni Gran Bretaña) y que Francia se dispone a firmar. Su firma es importante porque se trata de una potencia histórica con un gran patrimonio sumergido.

El interés creciente de los españoles por su historia naval ha sido casi un «bien colateral» del expolio de la «Mercedes». Como muestra, el Museo Naval ha más que duplicado sus visitas en los últimos años. En rigor, la Constitución, en sus artículos 46 y 149.1.28, y la ley de Patrimonio en el art. 4, obligan a los poderes públicos del Estado a defender el patrimonio y castigar «con la ley penal» los atentados que sufra (algo que España sigue negándose a hacer, sin embargo, en el juicio contra Odyssey en La Línea de la Concepción. Difícil de explicar).

Pero más allá de nuestras fronteras, desde la plataforma de la Convención de la Unesco, y después de derrotar a Odyssey en EE.UU., España debería liderar acciones encaminadas a que el patrimonio sumergido se ponga al servicio de la Humanidad. Y debe cimentar las bases de una política común de protección del patrimonio que Iberoamércia comparte con nosotros bajo los mares de todo el mundo. Si unimos fuerzas con América lograremos que entre en la lista del patrimonio mundial, con apoyo de la UNESCO, y seremos dignos sucesores de aquellos que navegaron de uno a otro confín, dignos de su historia, decididos a recuperarla juntos.

Hay razones históricas y culturales, pero también debemos hacerlo porque no se debe tolerar que nadie hurgue, sin razones basadas en el interés científico, en los restos de los buques de Estado, protegidos por la inmunidad soberana. Un pecio es también un libro, fuente de conocimiento científico que debemos preservar. Y puede ser también fuente de innovación tecnológica y de generación de recursos económicos y culturales a través de excavaciones, museos, turismo y exposiciones. Las publicaciones, compartir la información y darle una utilidad social es lo que se pierde en cuanto se hacen tratos con cazatesoros, como acaba de hacer Colombia con su nueva ley de patrimonio. Pero además, en una España con tanto paro, nada mejor que alentar a los jóvenes arqueólogos a emprender proyectos y a la formación integral. Hay que sentar las bases para que pueda ocurrir.

Después del caso Odyssey hubo un Plan Nacional de Arqueología Subacuática y un Libro Verde que hoy se antojan casi pecios de una política que no supo sostener su legítima ambición. Lo mismo que el convenio Cultura-Defensa, hoy abarloado. Y los convenios con las distintas comunidades autónomas tampoco han cambiado aún el rostro de la arqueología española. Quizá nos falta encontrar el camino. Nos falta una estrategia integral, abierta a la iniciativa de la sociedad civil, con la mano tendida hacia la Armada , sobre todo en tiempos tan austeros para el gasto público.

Es hora de ideas y políticas. El expolio no cesará si no excavamos nosotros, si no activamos nuestra ciencia en un signo incontestable de interés por la historia. Los países en que debemos mirarnos nos llevan gran ventaja en excavaciones y museos (Vasa, Mary Rose),visitados por cientos de miles de personas.

Un puñado de proyectos es un buen principio. Pero España debe combinar decididamente la cooperación internacional con la remoción de la incuria adherida durante décadas de (casi siempre) estériles repartos de competencias y falta de publicaciones. La divulgación, la resolución del reto tecnológico, la implicación de la Universidad y participación de las empresas españolas y la Armada, en definitiva de todos los que pueden y quieren ayudar, harán emerger el maravillos continente de nuestro pasado común. La pregunta que deben hacerse nuestras autoridades culturales es: ¿Estamos a la altura de nuestro inmenso patrimonio subacuático?