España reclama 2,5 millones a Odyssey para pagar al abogado

En los papeles depositados ante el juez de Tampa se lee que James Goold ha justificado gastos ocasionados por él y sus colaboradores, meticulosamente, por un total de 3.342.718,25 de dólares, unos 2,5 millones de euros. Ha sido caro, sin duda, pero efectivo. Lo extraño es que, después de haberlo preguntado en diversas ocasiones, los periodistas hayamos tenido que enterarnos por medio de un documento en un litigio en Estados Unidos, lo cual no dice mucho del nivel de transparencia de los distintos Gobiernos que llevaron el caso desde 2007.

Goold afirma en su declaración jurada que no reclama ni mucho menos todos los gastos: es una propuesta de 3,3 millones de dólares y pide al Tribunal que conceda una cifra mayor a España como penalización a Odyssey. El abogado dice que no cobrará su trabajo en fines de semana ni facturará las horas que excedan las ocho diarias ni las extras empleadas durante sus numerosos viajes ocasionados por el caso. También justifica su elección por parte de España dada su experiencia en la materia y el hecho de que ya trabajó en otras ocasiones para nuestro Gobierno.

Odyssey, lógicamente, se niega a aceptar la demanda de costas e impugna la elección de Goold, afirmando que España podría haber logrado otro abogado en Tampa (sic, donde los despachos trabajan mayoritariamente para la industria local de cazatesoros). Pero también echa en falta un papel que demuestre el acuerdo económico previo entre el abogado de España y su cliente. Lo exige para pagar, a pesar de las cuentas aportadas por Goold, ya que no se presenta.

El éxito debe ser celebrado como tal, pero la cuantía empeñada en él debe ser considerada a la hora de establecer las futuras políticas de defensa del patrimonio sumergido, cuyo Plan Nacional estuvo dotado con medio millón de euros, una quinta parte del gasto exigido ahora a Odyssey.

A pesar de que se ha establecido un precedente jurídico internacional, no resulta sostenible limitarse a juicios costosísimos ante una justicia extranjera tras las agresiones contra nuestro patrimonio. Según constatan fuentes jurídicas, se ha paralizado la vía penal en los tribunales españoles, de manera poco clara en el caso del juicio que se sigue contra Odyssey en La Línea de la Concepción. Lleva siete años de diligencias previas... Y no es normal.

Nuestras autoridades de patrimonio están obligadas a buscar nuevas vías de protección, a través de iniciativas que mezclen la diplomacia cultural con acuerdos bilaterales y una decidida reinvención del Plan Nacional de Arqueología que inventó César Antonio Molina y hoy está dormido. Sigue habiendo expolios y la respuesta debe ser otra, proactiva y abierta a la sociedad. Lo demuestra la excavación de un buque de la Invencible con la colaboración de la Armada y la celebración, la próxima semana en Cartagena, del primer Congreso Nacional de Arqueología Subacuática.