Cazatesoros dicen haber hallado decenas de miles de esmeraldas en el Caribe
El abogado José María Lancho relata varios casos de posible expolio y pide a Cultura una política más definida en la protección del patrimonio sumergido
El mar sembrado de joyas y esmeraldas, eso es lo que la empresa cazatesoros JTR Enterprises dice que halló al norte de Key West, en el extremo sur de Florida. Ni restos de barco ni nada problemático: solo blanca arena y piedras preciosas rodando entre delfines. Uno de sus ejecutivos, Jay Miscovich, relató en su demanda de septiembre de 2011 el conmovedor hallazgo a un tribunal de Florida –al que solicita exclusividad para extracciones futuras–: «Estaba buceando y descubrió piedras blancas, púrpura y verdosas esparcidas por el fondo». Y dice además su abogado que sus «esfuerzos, gastos y habilidades merecen la más alta consideración».
Pero la realidad es menos conmovedora. En 2013 los cazatesoros desarrollan más agresivamente que nunca una acción global. Mientras en España cunde la satisfacción por la victoria contra Odyssey Marine Exploration, los contactos entre empresas de esta industria se han intensificado en lugares tan distintos como EE.UU., Bermuda, República Dominicana y Colombia. Allí acaba de aprobarse la ley que permite contratarles para la extracción de pecios coloniales a cambio de comercializar el material rescatado, algo prohibido por la Unesco y por nuestra ley. A la vista del hallazgo cabe preguntarse si este es el futuro del patrimonio en Colombia.
Cabe preguntarse si están diciendo la verdad al tribunal. Fuentes arqueológicas consultadas por ABC no descartan que algunas de esas gemas podrían ser desechos de la minería adquiridos en Colombia, que se habrían colocado junto a algunas joyas coloniales en el «lugar del hallazgo» para abrir este proceso judicial y poder anunciar una nueva excavación con el fin de buscar inversores poco prevenidos. Las citadas fuentes hablan de que hace tres años que están ofreciendo piezas a Universidades y diversas instancias en EE.UU.
España no usa todos sus recursos
Quien ha descubierto el caso de las esmeraldas es José María Lancho, abogado especializado en patrimonio subacuático. En una reciente sesión de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, narró este y otros casos de posible expolio denunciando que la falta de voluntad política impide a España utilizar los recursos jurídicos y científicos a su alcance en el exterior. De su investigación se desprende que el peligro para el patrimonio histórico sumergido es cada vez mayor. «En un par de décadas esta industria destructiva habrá acabado con buena parte del registro patrimonial hispánico».
Volviendo a las esmeraldas, en abril de 2012, un mes después de que llegaran a España las monedas de la Mercedes expoliadas por Odyssey, JTR Enterprises remitió nueva información al tribunal: en ella afirma que las gemas proceden de minas de Colombia, según análisis de un laboratorio francés, otro suizo y otro americano; y llevan adheridas micropartículas de oro, plata y cobre, tal vez por contacto con objetos de esos metales (¿monedas?).
Lo extraño es que muchas de las muestras presentan restos de resina epoxídica o polímero, inventos del siglo XX (como explicación poco plausible está el hecho de que hay pecios del siglo XX cerca del yacimiento aunque también podría tratarse de que se han mezclado esmeraldas de diferentes épocas, unas antiguas y otras modernas, desechos de la industria minera).
Pero además de esas «piedras esparcidas» se ha extraído del lugar del hallazgo, según los cazatesoros, una colección impresionante de joyería colonial española, sin que el juez haya pedido catalogación o estudio histórico alguno. Hé ahí el problema. Si España no se persona en el caso nunca sabremos si viajaban en un buque de la Carrera de Indias porque la justicia de EE.UU. reconoce la inviolabilidad de los barcos españoles pero no exige identificar el origen del material arqueológico.
Todos se conocen
Y a partir de aquí, muchas «casualidades»: Primero, el abogado de JTR Enterprises es Paul Horan, que participó en el juicio de España contra Odyssey representando a los descendientes de nobles que querían para sí las monedas de la fragata Mercedes. También está relacionado con Mel Fisher y el Atocha y con el «rescate» de El Cazador. Por cierto que la familia Fisher se planteó demandar a JTR Enterprises por si las esmeraldas procedían del Atocha, aunque finalmente declinaron emprender acciones legales.
Segundo, los análisis de algunas esmeraldas halladas, al menos los realizados en Francia y Suiza han sido pagados por una «tercera parte» y, según consta, las gemas fueron remitidas por el investigador Daniel De Narváez, acérrimo defensor de la nueva ley colombiana que la comunidad científica internacional ha recibido como un espaldarazo del Gobierno de Juan Manuel Santos a la industria cazatesoros.
Pero hay más. En otro de los informes judiciales adjuntos al caso figuran emails cruzados entre De Narváez, Horan y... Greg Stemm, el mismísimo CEO de Odyssey, hablando de las posibles conclusiones de los análisis realizados a las gemas, y se escriben y consultan los pasos a seguir con confianza propia de socios. Son pruebas elocuentes de que la industria cazatesoros trabaja coordinada y globalmente, mientras España sigue lejos de defender el patrimonio en foros políticos internacionales como debería. Ha dado tímidos pasos en Bolivia y planea contactos con México para un memorándum, pero la situación exige mucha más diligencia e iniciativa.
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