La ley de patrimonio subacuático enfrenta en Colombia al Gobierno y los arqueólogos

Aunque para convertirse en ley el proyecto No 125 de 2011 debe ser aprobado por el Senado antes de Junio de 2013, la votación del lunes pasado mostró el camino. Claramente Colombia se opone a ratificar la Convención de la Unesco para la Protección del Patrimonio Sumergido la cual establece que cualquier vestigio arqueológico que esté bajo el agua -desde una vasija hasta un lingote de oro- es patrimonio, pertenece a la nación respectiva y no puede ser comercializado .

Para el Ministerio de la Cultura es vital legalizar el tema. “La geografía sumergida tiene una magnitud casi igual a la de la geografía terrestre, de más de 900 mil kilómetros cuadrados” , explicó en el debate ante el Congreso Ernesto Montenegro, subdirector del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH). “Indudablemente la naturaleza de los objetos sumergidos es diferente a los objetos que están en tierra, por su inaccesibilidad . Si hay un objeto a más de 200 metros bajo el mar, humanamente no se puede llegar a él, es necesaria la mediación de la tecnología”. La ley, que permitirá al Estado asociarse con inversionistas privados o con instancias nacionales e internacionales, como lo explicó Montenegro, “pretende garantizar el derecho del público de todas las nacionalidades, a conocer este patrimonio , bien in situ, en museos marinos o en otra clase de infraestructuras culturales. También se busca la apropiación del conocimiento científico”, agregó.

Pero para la comunidad académica y científica de Colombia, esta decisión producirá todo lo contrario . La Fundación Terra Firme, entidad que desde el 2006 lleva la batuta en investigación académica sobre la riqueza cultural e histórica sumergida en Colombia, ha explicado que cuando los objetos se sacan del agua, se destruyen y se borra de un plumazo la información histórica. “ Esta ley está enfocada a sacar dos naufragios –el galeón San José y la flota de Luis Fernández de Córdoba -. Los demás están en aguas poco profundas. Somos dos bandos. Unos que buscan el beneficio económico y otros que buscamos el conocimiento y reconstruir buena parte de la historia del país que está bajo el mar. Esta ley está reglamentando a unos piratas ”, le dijo a ABC Carlos del Cairo, director de Terra Firme .

Algunas cifras sueltas dicen que el galeón San José puede costar quinientos mil millones de dólares. “Esto no se puede tasar, estamos especulando. Este gobierno, el del presidente Juan Manuel Santos, tiene especial interés en el tema. Santos estuvo en la Armada colombiana y conoce el tema . Él sabe que lo que realmente está en juego son unos 5 o 6 naufragios que contienen lingotes de oro y plata y que iban rumbo a España”, le diría a este diario José Luis Socarrás, director de la carrera de arqueología de la Universidad Externado de Colombia.

Los que están en el ojo del huracán, como Daniel de Narváez, investigador náutico colombiano , quien ha estado a favor del ingreso de empresas de rescates y ha sido impulsor de la ley ante el Ministerio de la Cultura y la Presidencia , “la votación es muy favorable para la protección de un patrimonio que está amenazado pues la mayoría de los naufragios en el mundo son encontrados por pescadores o buzos recreacionales. Los arqueólogos submarinos encuentran menos del 1% de los naufragios”.

Según De Narváez, de aprobarse la ley, las empresas que llegarán no pueden arrasar con lo que encuentren. “Deben cumplir garantías y acuerdos. Serán empresas serias que trabajarán de la mano de los promotores de la preservación in situ ”. Del Cairo no cree mucho en estas palabras. Varios casos demuestran que ha pasado todo lo contrario cuando llegan los "cazatesoros".