Subsistir por medio del fraude

Más paro y durante más tiempo, salarios a la baja, jornadas laborales que no son lo que parecen, o al menos lo que se declara, y una imperiosa necesidad de subsistencia. Son los pilares que sustentan un fraude generalizado que, en el caso de Córdoba, podría rozar los 4.000 millones de euros y que según los agentes sociales y económicos consultados ha repuntado de forma alarmante en el sector servicios, la agricultura, las empleadas de hogar o los autónomos.

«Se habla de sectores muy concretos, pero la economía sumergida está por todos lados. Desde el albañil o el prejubilado que se saca un extra en los ratos libres a otras profesiones como médicos o abogados. Es generalizado», indica el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, que, pese a la dificultad para ofrecer un dato, apunta a que «en Córdoba hay unos 57.000 autónomos que pagan sus cuotas y declaran su actividad y otros 12.000 que no lo hacen; alrededor de un 25%».

Los autónomos son un sector especialmente castigado por la existencia de la economía sumergida. Que haya profesionales que no declaren su actividad tiene un efecto directo sobre los que sí los hacen, ya que «los precios de un servicio profesional con esta competencia desleal pueden caer hasta un 40%», señala Amor.

No se trata de justificar esta actividad, pero a la hora de poner de manifiesto este problema, Amor señala que «hay muchos autónomos que, con unos ingresos mensuales de 1.000 euros se quedan en por debajo del salario mínimo tras pagar las retenciones y los impuestos», motivos por los que el responsable de ATA reclama una bajada generalizada de la presión fiscal y de las cuotas que soporta su colectivo, así como «más inspecciones y controles de estas prácticas».

En Córdoba, uno de los subsectores en los que más ha crecido la economía es el del turismo. Casas particulares que se alquilan por días, contrataciones irregulares y servicios profesionales de los que Hacienda no sabe nada conforman un panorama que trae de cabeza a los profesionales del sector hostelero.

«En nuestro sector, el crecimiento en los últimos años ha sido especialmente importante», señala Antonio Alvárez, de Hostecor, al que desde hace mucho tiempo «las cifras no me cuadran». Para el responsable de la asociación de hosteleros, «no es lógico que los indicadores nos muestren un aumento de visitantes y que éste no se refleje, sino más bien lo contrario, entre nuestros asociados».

Hostecor lleva denunciando desde hace meses el incremento de alojamientos ilegales en la capital cordobesa. Según sus cálculos, cerca de un 40 por ciento de la oferta está desarrollándose fuera de las normas. «Hay anuncios de alquiler de viviendas particulares por todos lados: chalets en la zona de El Brillante, en Las Jaras, áticos en Cruz Conde, en el Vial Norte o el Casco Histórico con todas las comodidades...así es muy complicado», lamenta el responsable de Hostecor que cuantifica «en un 30%» la diferencia de precios.

Al igual que ocurre con los autónomos, Hostecor reclama más implicación por parte de las administraciones para acabar con el problema. «Hemos remitido varios informes a la Delegación de Turismo de la Junta para que se ponga coto a esta gravísima situación. Se necesitan más inspecciones y mucho más ágiles», indica.

Las quejas de los agentes empresariales contrastan con la situación de precariedad y economía de subsistencia que conduce al fraude en sectores tan inestables como las empleadas de hogar o los trabajadores temporales del sector agrícola.

«Antes de la crisis se lograron pequeños avances en la afiliación a la Seguridad Social de nuestras empleadas, pero todo esto ha desaparecido y, en la actualidad, la economía sumergida en nuestro sector roza el 95%», señala la responsable de Opción Luna, Toñi González, que reconoce que «muchas mujeres ya no quieren que les den de alta porque, entre lo que obtienen del subsidio o del paro y lo que sacan en las casas consiguen un sueldo digno», indica.

Junto a la falta de afiliación, la responsable de Opción Luna, colectivo que aglutina a más de un millar de empleadas de hogar, pone de manifiesto que el incremento en los últimos años de personas que recurren a esta actividad ha hundido los salarios. «Si antes se cobraba entre 8 y 10 euros la hora, ahora mismo es la mitad. Lo mismo ocurre con los servicios de acompañamiento de cuidado de ancianos o con los sueldos para las internas que han caído en más de un 40%», indica.

El campo también es uno de los sectores señalados por los expertos como uno de las focos de la economía sumergida en la provincia. Para organizaciones como UPA y Asaja, estas sospechas carecen de fundamento porque «nuestra labor es transparente y se ajusta a los términos establecidos en nuestro convenio», coinciden Mi-

guel Cobos y Carlos Molina. Este último, representante de Asaja, recalca que «no tenemos constancia de casos y, en caso de haberlos, serían puntuales y son perseguibles y denunciables», asegura.

Totalmente en contra de esta valoración se posiciona el máximo responsable de la Confederación de Trabajadores de Andalucía (CTA), Francisco Moro, que señala que el fraude en el campo «va más allá del 75%. Desde el inicio de la crisis se ha agudizado los contratos a destajo, fuera de convenio y altas que no reflejan la duración de las contrataciones». Moro cifra en «más de un centenar» las denuncias presentadas «sin ningún resultado» ante la Inspección de Trabajo.

La visión del responsable de la CTA es compartida por el secretario provincial del CC.OO., Rafael Rodríguez, que señala al sector agrario, junto a los servicios, como uno de los principales focos de la economía sumergida . Lamenta que «desde hace años este sindicato lleva reclamando que se dote a la Inspección de Trabajo de recursos humanos y materiales suficientes» para luchar contra esta actividad.

Junto a esto, críticas a la reforma laboral propiciada por el Gobierno que, en su opinión, «arrastra» a las empresas «a la economía irregular». La postura crítica con los empresarios también es compartida por la responsable provincial de UGT en Córdoba, Isabel Araque, a la que «no ha sorprendido en absoluto» el incremento de las tasas de economía sumergida.

«No son admisibles las tasas de presión fiscal que soportan las pymes en comparación con los empresarios. La reforma laboral ha propiciado este tipo de situaciones que dejan a los trabajadores en una situación cada vez más precaria y con miedo a denunciar los abusos que se sufren», asegura.

Según Araque, las contrataciones irregulares están a la orden del día en Córdoba y «se detectan casos de trabajadores que firman contratos a media jornada, cuando en realidad están trabajando a jornada completa o incluso más horas sin que la Inspección de Trabajo tome cartas en el asunto», exige.

Y es que, dada la situación de la economía y las bajas expectativas laborales, el fraude se convierte en la única tabla de salvación para miles de cordobeses que ven en la economía sumergida la única vía para sobrevivir en un sistema que, en el caso de Córdoba, no tiene visos de recuperarse.