Los agentes que instruyen la ramificación del caso Invercaria que afecta, entre otras, a la sociedad Juana Martín Andalucía, donde la Junta se asoció con la diseñadora de San Pedro, decidieron no solo detener sino también imputar al exdirectivo de la sociedad de capital riesgo Cristóbal Cantos, que según varios testimonios fue el ejecutor directo de la participación de la Administración autonómica en la empresa conjunta creada para desarrollar líneas de ropa «pret a porter».

El atestado recibido por el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla explica que los agentes, ante las lagunas de su testimonio, decidieron abrirle ficha policial (con fotografía identificativa e impresión de huellas dactilares). La opinión al respecto es taxativa. Los funcionarios entienden que la implicación de Cantos era total en el desarrollo del proyecto como secretario del consejo de administración y en su condición de director de promoción de la empresa de capital riesgo Invercaria. Cantos se encuentra imputado en otras ramas de este frondoso asunto y saltó a las páginas de la prensa por una grabación en la que mantiene una dura conversación con la cordobesa Laura Gómiz, expresidenta de Invercaria a partir de 2010. En ese diálogo, Gómiz reclamaba a Cantos informes falsos con una frase contundente: «Si me comprometiera con la ética, no estaría trabajando en esta organización». Dimitió en febrero de 2012 al conocer que la cinta había llegado al juzgado.

La detención se produjo por supuesta malversación de caudales públicos, delito societario y falsedad documental que son los delitos que, en opinión de la Policía Nacional, se pudieron estar cometiendo en la gestión de la empresa de la modista cordobesa. Quedó inmediatamente en libertad aunque los responsables de la investigación creen que de esta forma se garantiza que, dada su implicación en éste y otros elementos del caso Invercaria, no se produzca una sustracción a la actuación de la Justicia.Los informes son contundentes en la opinión de los agentes sobre el papel del exdirector de Promoción de Invercaria. Aseguran que sus lagunas obedecen a un intento deliberado de ocultación del «fraude que se está investigando».  De hecho, es el único supuesto autor de los hechos que testificó en dos ocasiones con lectura de derechos y asistencia letrada. Tras ser detenido, sus abogados propusieron la aportación de nuevos documentos que podrían esclarecer la causa. Los agentes tomaron nota.

La detención se produjo porque en su primera declaración, Cantos dijo estar fuera del proyecto desde 2007 (la empresa se crea en 2006). Posteriormente, el testimonio de Juana Martín como principal responsable de la gestión de la sociedad conjunta llevó a su arresto. La diseñadora dijo, por ejemplo, que era una de las tres personas con las que contactaba cuando necesitaba dinero para la sociedad mercantil. En segundo lugar, Cantos omitió cualquier referencia a un viaje a Marruecos, pagado por Invercaria, para deslocalizar la producción y hacerla más barata. Un testimonio que obra en un atestado dice que una prenda que tenía un coste de ocho euros se podía vender a 250 euros en España. El silencio parece razonable puesto que no tiene mucho sentido que una Administración pública apoye lo que pretende evitar, que es la desindustrialización. La instalación en Marruecos no llegó a fructificar porque la diseñadora cordobesa se quejó del bajísimo nivel de calidad de las prendas que llegaban desde el Norte de África.

Por último, la Policía decidió la detención del exdirectivo ante las ausencias de su discurso en un asunto vidrioso: las entregas directas de fondos a la diseñadora no contempladas  en expedientes de Invercaria. Una de ellas, de unos 170.000 euros de dinero público, es para la adquisición de una gran casa en la zona de San Pedro. El resto se abonó con un crédito de Cajasol en el que participó la intermediación de las más altas instancias de la entidad financiera. El grueso de la operación se pagó mediante una hipoteca de más de 700.000 euros gestionada directamente por Invercaria. La Policía cree que para se aportaron datos «distorsionados» sobre la salud de la empresa que, en esos momentos, se encontraba a un paso de la causa de disolución.

El informe de evaluación de la entidad financiera reconoce que Cantos fue el interlocutor del banco, que les aseguró que el dinero prestado a la diseñadora había sido de 460.000 euros (en esa fecha, era casi el doble de esa cantidad  ) y que se abrían perspectivas de negocio con nuevos clientes como una conocida y pequeña tienda de botones del centro de Córdoba. Se aportó también, como perspectiva de la empresa deudora, una nueva marca realizada por la entidad Surgenia que nunca se llegó a pagar.

El único detenido actualmente por estos hechos atribuye que, en la mayor parte de las ocasiones, actuó por orden del expresidente de Invercaria, Tomás Pérez Sauquillo. Se trata de todas aquellas iniciativas en las que hay dinero de por medio.  También reconoce que a título particular ayudó a la diseñadora en gestiones económicas y otras cuestiones como traducciones necesarias para la empresa. Formalmente, tendría que haber cesado toda actividad en 2007, cuando dejó los cargos en la empresa «por razones personales».