Mal acuerdo mejor que pleito
Una joven friega los platos en un piso arrendado - ARCHIVO

Mal acuerdo mejor que pleito

La tendencia es que los dueños de las viviendas se avengan a renegociar las cuotas si los inquilinos piden una rebaja

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«Ahora, los arrendadores hacen todo lo posible por llegar a un acuerdo con sus deudores: meterse en un proceso judicial no siempre les compensa». Quien así se expresa es José Manuel Guerrero, abogado y administrador de fincas que suele llevar casos de este tipo. «Desde que un juez ordena el lanzamiento hasta que se produce de hecho pueden pasar hasta cinco y seis meses en los que el inquilino que no paga sigue sin abonar el alquiler y además el dueño ha de correr con los gastos de la comunidad, de la luz y hasta del agua...», añade el letrado.

La experiencia de este abogado es que la crisis ha provocado un cambio sustancial en los vínculos entre el arrendador y el arrendatario. Para empezar, quien le alquila un piso a un desconocido trata de asegurarse ahora de que el contrato que refleja los términos de la relación entre ambos no deja cabos sin atar. «Las fianzas solicitadas suelen ser ahora más elevadas que hace unos años por el temor a que un contratiempo laboral del inquilino o cualquier otra circunstancia le impida cumplir con las cuotas», señala José Manuel Guerrero. Y agrega que «es muy común que el dueño de la vivienda pida un aval, que un familiar de la persona que va a residir en la casa de su propiedad se comprometa a responder por él en caso de que haga falta».

El comportamiento de los inquilinos también ha sufrido modificaciones a cuenta de la crisis. En ocasiones, asegura el letrado consultado por este periódico, se aprovechan de su cierta situación de fuerza —saben que echarlos a la calle puede convertirse en un proceso costoso y penoso para los dueños de los inmuebles— para renegociar el importe del alquiler. «Hay quien le dice al dueño de la casa: o me bajas el alquiler o me marcho», indica el letrado. La respuesta de los titulares de las viviendas suele tender a avenirse a las necesidades de sus inquilinos: más vale asegurarse que uno recibe una cantidad al mes, aunque sea menor que la pactada inicialmente, a arriesgarse a quedarse sin ella... o enfrentarse a un proceso judicial si las desavenencias se enquistan.

Otra deriva de la morosidad que ha crecido con brío en los últimos años ha sido la que tiene que ver con las cuotas de las comunidades de vecinos. El último informe del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España señala que los impagos de los comuneros han aumentado hasta los 34 millones de euros en Córdoba a cierre de 2012. De esta cantidad, cuatro corresponden a deudas de las entidades bancarias que se han quedado con inmuebles tras procesos de desahucios. Málaga tiene la deuda más alta de la comunidad autónoma con 61 millones, de los que 9 pertenecen a bancos y entidades financieras.