De ciudad compartida a negocio de fondos: la burocracia deja fuera al pequeño propietario

¿Cómo pasó la economía colaborativa de unir a particulares a convertirse en el negocio de las grandes empresas? La economía colaborativa nació para rentabilizar recursos infrautilizados y democratizar el acceso a bienes y servicios. Sin embargo, las políticas impulsadas para regularla, lejos de promover el desarrollo de un sector transparente y ordenado, penaliza a los pequeños propietarios, forzando su salida del mercado, mientras beneficia a los grandes fondos.

Así, las barreras regulatorias aceleran que un modelo original de economía colaborativa evolucione hacia un sector dominado por grandes players.

“Esta superproducción de normas y procedimientos complejos, sobre todo en el marco de la economía colaborativa y las plataformas digitales, desincentivan la inversión en nuestro país y ahoga la libertad empresarial, amenazando la creación de empleo y el crecimiento. No en vano, España se sitúa entre los países desarrollados con menos libertad económica”, explican desde Foro Elección Ciudadana, un think tank independiente coordinado por la catedrática en Economía Aplicada de la Universidad de Alicante, Paloma Taltavull.

De BlaBlaCar a las grandes flotas

El 65% de las licencias VTC en España se concentra en tres operadores. Lo que empezó como una iniciativa para que los ciudadanos particulares con un coche en propiedad pudieran ofertar trayectos y obtener ingresos extras, terminó por excluir a los conductores ocasionales o pequeños empresarios y propietarios, debido a la exigencia de la doble licencia y la limitación de tarifas dinámicas. El mercado lo coparon empresas con grandes flotas de vehículos, las únicas con capacidad de gestionar la complejidad regulatoria. 

Aplicaciones como BlaBlaCar para compartir coche entre particulares han enfrentado regulaciones crecientes sobre licencias, seguros y responsabilidades que hacen menos atractiva la participación de conductores ocasionales. 

Otro ejemplo: Comparko, una app lanzada en 2014 para compartir plazas de aparcamiento entre particulares. Ya no está operativa en nuestro país porque la regulación (Ley 40/2002, que regula los contratos de aparcamientos) ha evolucionado hasta hacer inviable que los propietarios de una o dos plazas de garaje las alquilen por días, horas o de forma ocasional. 

Así, el sector está dominado por grandes plataformas que pueden absorber los costes regulatorios y que, principalmente, se dedican a intermediar entre el conductor y los parkings profesionales, dejando fuera del mercado a los propietarios individuales.

Hay más: en 2009 empezó a surgir el servicio de alquiler de coches entre particulares que proponía ayudar a los propietarios a rentabilizar sus turismos, que pasaban el 90% del tiempo aparcados, alquilándolos a otros conductores por horas o días. Las responsabilidades civiles y la necesidad de seguros específicos han erosionado el modelo. 

La regulación del alquiler turístico y su impacto en los particulares

«Lejos de lo que dicen combatir, las normativas actuales dificultan el emprendimiento ciudadano en beneficio de los operadores más grandes. La economía colaborativa permite rentabilizar activos infrautilizados, aumentar la oferta de bienes disponibles y complementar los ingresos de los ciudadanos particulares, lo que puede marcar la diferencia en épocas de crisis, pérdida de poder adquisitivo o desempleo», aseguran desde el think tank coordinado por la catedrática en Economía Aplicada de la Universidad de Alicante, Paloma Taltavull.

Sin embargo, la realidad de la regulación actual se aleja mucho de favorecer este tipo de iniciativas ciudadanas. El Registro Único de Alquileres y las restricciones introducidas por el Gobierno y las CCAA en materia de alquileres turísticos son un ejemplo más de intervención que daña al pequeño propietario. Está generando caos, inseguridad jurídica al invadir competencias de las comunidades autónomas, que son quienes declaran si una VUT es ilegal o no, y añadiendo una capa de complejidad y burocracia innecesaria, ya que se duplican trámites y registros. Entre las barreras promovidas, y que penalizan especialmente a los pequeños propietarios, se encuentra la propuesta de aplicar un IVA del 21% al alquiler de corta duración (menos de 30 noches), mientras que los grupos hoteleros pagan un 10%, y la creación del registro único.

En definitiva, se han ido tomando una serie de medidas, tanto a nivel estatal como local, encaminadas a eliminar los pisos turísticos en edificios residenciales, promoviendo que se construyan o habiliten edificios exclusivos, un tipo de proyecto que no está al alcance de los ciudadanos de a pie, mientras que son de fácil acceso a grandes fondos.