El fiscal del caso del Centro de Convenciones de Castellón ha solicitado el sobreseimiento de la causa que investiga supuestas irregularidades en torno al proyecto para las tres personas que han prestado declaración en calidad de imputados hasta el momento: Fernando Benzo, exresponsable de la oficina de Calatrava –y actual subsecretario del Ministerio de Educación–; Eusebio Monzó, exsecretario autonómico de Hacienda; y Javier de Diego, exdirector de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV).

La petición, según explican fuentes conocedoras del proceso, responde a un recurso a la decisión del juez Ignacio Risueño de rechazar el archivo, tras solicitarlo las defensas de Benzo y Monzó el pasado agosto. Sin embargo, la causa seguirá adelante en un momento en el que todavía han de declarar, también como imputados, el arquitecto Santiago Calatrava (el próximo 28 de octubre) y el representante de SPTCV Nicolás Figueres en fechas similares.

Tras estas dos últimas comparecencias, tampoco se descartan nuevas citaciones a responsables del Ayuntamiento de Castellón, bien como testigos o incluso como imputados. Por el momento, el juzgado se encuentra a la espera de los informes requeridos tanto al Consistorio como a la sociedad dependiente de la Generalitat, para averiguar la motivación de la contratación sin publicidad y el cobro de honorarios.

La denuncia que ha acabado con estas imputaciones fue presentada por Esquerra Unida –ahora personada como acusación popular– en 2011, y en ella se acusaba a diversos organismos públicos de irregularidades en los acuerdos para la construcción del edificio, cuya ejecución fue paralizada en diciembre de 2012 debido, según justificó la Generalitat, a la crisis.

Pagos realizados

En los escritos del juzgado consta que el proyecto de Calatrava triplicaba el presupuesto establecido en el contrato, de modo que los 60 millones orientativos iniciales pasaban a 180, lo que suponía, a su vez, un aumento sustancial de sus honorarios, que se actualizarían en función del coste real de la obra. El arquitecto percibió finalmente 2,7 millones de euros, equivalentes al 4,5% del presupuesto de licitación inicial, en un aparente inclumplimiento contractual. Dadas las implicaciones políticas, el caso debería resolverse con el archivo o, en caso contrario, con una inhibición del juzgado en favor del Tribunal Superior de Justicia.