El proyecto presentado por el arquitecto Santiago Calatrava para la construcción del Centro de Convenciones de Castellón triplicaba el presupuesto establecido en el contrato con la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV). Según fuentes conocedoras del proceso, un escrito del juez encargado de la causa confirma que los 60 millones orientativos iniciales pasaban a 180, lo que suponía, a su vez, un aumento sustancial de sus honorarios, que se actualizarían en función del coste real de la obra.

El arquitecto percibió finalmente 2,7 millones de euros, equivalentes al 4,5% del presupuesto orientativo de licitación inicial, en un aparente inclumplimiento contractual por parte de la empresa del arquitecto. Por estas supuestas irregularidades, que están siendo investigadas por el juzgado de Instrucción número 5 de Castelló, Calatrava fue imputado hace una semana, al igual que el exresponsable de su estudio Fernando Benzo, el ex director técnico de la SPTCV, Javier de Diego y los ex directores generales de la sociedad Nicolás Figueras y Eusebio Monzó, destituido por el jefe del Consell, Alberto Fabra, como secretario autonómico de Hacienda y Presupuestos de la Generalitat.

Posible «concierto»

En el caso de Benzo y Monzó, el juez Ignacio Risueño –que mantiene la imputación de ambos pese a su petición de sobreseimiento– entiende que los indicios de delito no son referidos al modelo de contratación, sino a la posible existencia de un «concierto» (acuerdo) entre los imputados «con la única finalidad de defraudar a la Generalitat para determinar unilateralmente los honorarios a percibir por Calatrava».

La denuncia que ha acabado con estas imputaciones fue presentada por un particular ante la Fiscalía de Torrevieja, según informó el Tribunal Superior de Justicia valenciano en su día. Una similar fue impulsada por EU, que se ha personado como acusación popular en la causa. En ambas se acusaba a diversos organismos públicos de la contratación de Calatrava mediante un procedimiento excepcional negociado sin publicidad para la construcción del edificio, la presentación de cuya maqueta se realizó en 2008, aunque su ejecución fue paralizada en diciembre de 2012 debido –según justificó la Generalitat– a la crisis económica.