El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, se pronunció ayer por primera vez sobre el caso del Centro de Convenciones de Castellón, y lo hizo para defender la gestión del Gobierno valenciano en la contratación del arquitecto Santiago Calatrava, imputado el miércoles en la causa que investiga del proyecto.

El jefe del Consell, que ocupaba la alcaldía de la ciudad cuando se presentó el edificio –que nunca se construyó–, aseguró que facilitarán al juez toda la información requerida y asumió que la contratación fue correcta, al igual que dijo en su día. «Los términos del acuerdo son los que en ese momento el arquitecto firmó con la Generalitat. Por parte de los técnicos estaban los informes pertinentes para poder suscribirlo, y se realizó en las condiciones que Calatrava trabajaba con otras Administraciones», explicó, en relación con los 2,7 millones de euros abonados al arquitecto en concepto de redacción del plan director, anteproyecto y proyecto básico.

Hasta el momento, el juez ha imputado a tres personas más: Eusebio Monzó, ex secretario autonómico de Hacienda y Presupuestos de la Generalitat –fue destituido por Fabra–; Nicolás Figueras, su sustituto en el cargo de director general de la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV); el actual subsecretario del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Fernando Benzo; y el ex director técnico de la SPTCV, Javier de Diego.

Según fuentes conocedoras del proceso, lo más esperado es que el arquitecto recurra su imputación y que, dadas las implicaciones políticas, el caso pueda acabar en el Tribunal Superior de Justicia valenciano.