El ciberbullying es la pesadilla de muchos escolares valencianos. Un fenómeno en expansión de acoso entre menores de edad a través de las tecnologías interactivas, como los móviles o las redes sociales. Las formas de ejercerlo son muchas y variadas, desde la difusión de imágenes ofensivas para la víctima hasta el envío de correos electrónicos en su nombre que cuentan hechos privados o degradantes. Esta práctica comienza a ser demasiado habitual entre los escolares y su entorno. Los agresores suelen ser los propios compañeros de clase, que se refugian en el anonimato para agredir psicológicamente a otros niños.

Por ello, la fiscal jefe de Valencia, Teresa Gisbert, quiere poner coto a estas «agresiones» y ayer abogó por decomisar los teléfonos móviles a los niños que los utilicen para grabar imágenes que supongan un perjuicio para la intimidad de sus compañeros: «¿Por qué no hacerlo?», se preguntó tras participar en la jornada «Menores y medios de comunicación: ¿Es necesaria una reforma legislativa?», organizada por la Asociación Mujeres Periodistas del Mediterráneo, en las Cortes Valencianas.

Para Gisbert, cuando los teléfonos móviles se convierten en un medio para cometer un delito, «debe tener consecuencias». «¿No les quitamos las lanchas a los traficantes de droga?; ¿No le decomisamos el coche al que va a 240 y mata a dos personas?;¿Por qué no decomisar los móviles a los niños y niñas que lo utilizan para grabar imágenes que suponen un perjuicio para la intimidad de sus compañeros?», se preguntó ayer la fiscal jefe de Valencia.

Indefensión en la red

Ante el avance de las nuevas tecnologías, Gisbert considera que se debería regular «mucho más» –la Ley del Menor es de 1996– la situación de indefensión que tienen los menores «cuando se meten en las redes sociales» ya que «ni siquiera como consumidores saben los peligros en que se meten; y como generadores tampoco, porque no saben que ellos pueden cometer un delito».