A punto de cumplirse seis años de la muerte a tiros del alcalde de Polop, los siete detenidos están en libertad y no hay pistas

Pocos crímenes ocurridos en la Comunidad Valenciana han suscitado tanta intriga sobre sus circunstancias y han quedado tanto tiempo sin esclarecer como al asesinato a tiros del alcalde de Polop de la Marina Alejandro Ponsoda, del que está a punto de cumplirse el sexto aniversario sin pistas claras sobre sus culpables.

Hasta siete detenidos han pisado la cárcel como sospechosos de estar implicados –incluido el sucesor del alcalde, Juan Cano– y todos están en libertad en la actualidad, excepto uno de ellos, Raúl Montero, que no obstante está en prisión por otro delito de tráfico de drogas. Precisamente fue él quien como testigo encaminó la investigación policial en sus inicios, y fue señalando quiénes eran los responsables del complot para asesinar a Ponsoda. Pero a principios de este año se retractó de todo y achacó sus anteriores declaraciones a supuestas presiones de la Guardia Civil cuando estaba en la cárcel.

Dos años sin novedades

Entre el 19 de octubre que cayó abatido el alcalde en la puerta de su domicilio –moriría ocho días después en el hospital– y el primer arresto transcurrieron dos años.

El móvil urbanístico centraba las pesquisas y en el mismo mes de noviembre de 2009, con pocos días de intervalo, se detiene y encarcela a un industrial de Polop, al gerente de un club de alterne, a dos supuestos «sicarios» que podían haberse encargado de liquidar a Ponsoda, al propietario del citado establecimiento y al alcalde que había sucedido a la víctima en su cargo, Juan Cano, considerado en aquel momento autor intelectual del crimen.

Aquella hipótesis que hoy parece descartada se basaba en supuestas reuniones en el lupanar Mesalina de Benidorm, en las que se había planeado el asesinato. Sin embargo, el testigo de cargo perdió credibilidad y se descubrió que empezó a trabajar allí posteriormente y no podía, por lo tanto, haber escuchado tales conversaciones.

Por eso, desde finales de 2010 los investigadores habían cambiado su punto de mira y tuvieron que revisar muchas de sus gestiones, como las llamadas de la víctima en los meses anteriores a su muerte, con la mente puesta en su vida privada. En este nuevo campo, descubrieron que viajaba con frecuencia a Valencia, donde se hospedaba en un hostal muy económico, en desplazamientos sufragados por el Ayuntamiento, lo que llamó la atención de la oposición. En realidad, recibía tratamiento en esta ciudad por dos enfermedades de transmisión sexual contraídas años antes, y todo apunta a que camuflaba estos viajes como profesionales por discreción.

En aquellos tiempos también acudía más a menudo a locales nocturnos y respondía a anuncios de contactos. De ahí que los esfuerzos para dilucidar cómo se fraguó su asesinato van ahora dirigidos a aspectos personales de su vida.

Aquella tragedia conmocionó a la opinión pública en Polop y en toda la Comunidad Valenciana. El Pleno del Ayuntamiento aprobó junto al cumplirse un aniversario, por unanimidad, una moción en la que instaba a la Subdelegación del Gobierno y al juzagado a esclarecer el crimen.

Algunos abogados defensores de los encarcelados como sospechosos iniciales pronosticaron incluso que denunciarán en su momento por los daños causados a sus clientes.