La situación en el grupo parlamentario popular por la imputación de algunos de sus integrantes aprieta cada vez más las clavijas a una pretendida unidad interna. El caso más acuciante, capaz de poner a a prueba esa cohesión es el denominado «caso Cooperación» con Rafael Blasco como protagonista.

Al escrito de calificaciones del PSPV –personado en la causa y que pedía 15 años de prisión– hay que sumar los dos hechos públicos ayer de la Fiscalía y de la Abogacía de la Generalitat que piden para el exconseller de Cooperación 14 y 11 años de prisión, respectivamente. En el caso de la Abogacía de la Generalitat, el portavoz del grupo popular, Jorge Bellver, considera que constituye un «elemento cualitativo muy importante» en cuanto a qué decisión tomar sobre el futuro de Blasco.

Bellver también recordó que ese futuro, dentro o fuera del grupo popular, será decidido por el presidente regional, Alberto Fabra «en el tiempo que él mismo marcó»: cuando se produzca la apertura de juicio oral. Hasta que ese momento procesal llegue se abre un paréntesis en el que las cartas están boca arriba. Rafael Blasco asegura que no dejará su escaño y proclama su «absoluta inocencia» de los delitos que la juez instructora del TSJCV Pía Calderón le imputa.

Abocados a la votación

Un grupo de diputados populares ya han hablado con Bellver y también le han hecho llegar al propio Fabra la conveniencia de persuadir a Blasco para que deje su escaño de forma voluntaria y pase al grupo de no adscritos.

Visto que el exconseller no está por la labor, al menos hasta la jornada de ayer, Fabra deberá hacer frente a su decisión –expresada en la última sesión de control en las Cortes– de que «llegado el momento, no me temblará el pulso». Así las coas, deberá forzar la expulsión de Blasco a través de una votación interna del grupo parlamentario popular que requerirá del apoyo de la mayoría absoluta de sus integrantes.

El reglamento es claro en este sentido, de modo que el grupo popular está abocado a una votación en la que todo indica que el apoyo a esa expulsión de Blasco será muy mayoritario pero difícilmente unánime, lo que podría abrir las primeras grietas de consideración en el seno del grupo mayoritario en la Cámara.

En ese futurible, Blasco podría recurrir la votación ante la Mesa de las Cortes en primera instancia y planteando un recurso judicial por la vía del Contencioso-Administrativo.

Malversación continuada

Los grupos de la oposición destacaron la «insostenibilidad» de la situación de Blasco después del escrito de la Abogacía de la Generalitat que considera el delito más grave sería el de «continuado de malversación de caudales públicos», por el que reclama una pena de prisión de 7 años e inhabilitación absoluta de 17 años y medio. Por el «delito continuado de falsedad en documento público» reclama una pena de cuatro años y medio de cárcel, así como una multa de 15 meses con cuota de 10 euros por responsabilidad subsidiaria.

La Fiscalía, por su parte, sitúa en catorce años de cárcel y 33 años de inhabilitación su petición, mientras que José Antonio Penadés, padre del único niño haitiano adoptado en la Comunidad que ejerce la acusación popular, solicita trece años de prisión.