La inhibición del juez instructor del «casó Nóos», José Castro, en favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) para que analice si hubo o no actuación delictiva de Rita Barberá y Francisco Camps en las negociaciones previas para la organización de los eventos Valencia Summit en la capital del Turia no ha causado sorpresa en el PPCV.

La decisión de Castro de proponer al TSJCV que investigue la «decisiva e imputable intervención» de la alcaldesa de Valencia y el expresidente de la Generalitat en esas negociaciones era algo que ya se conocía. Castro se ha inhibido por el aforamiento de ambos –son diputados autonómicos– y ahora deberá ser el Alto tribunal de la Comunidad quien decida sobre el futuro procesal de ambos.

«Improbable»

La dirección regional del PPCV considera que «no se ha producido cambio alguno» en la situación de los dos dirigentes populares y por lo tanto no se va a tomar ninguna decisión al respecto, ya que hasta que no haya una imputación no se abrirá ningún expediente informativo. El secretario general de los populares valencianos, Serafín Castellano, consideraba el pasado lunes «improbable» la imputación de Barberá y Camps, pensamiento que no ha variado.

El juez Castro envió un escrito a las Cortes el pasado viernes para que certificaran el aforamiento de la alcaldesa y el exjefe del Consell y ayer, una vez que la Cámara autonómica confirmó esa condición, Castro cumplió con lo previsto en su inhibición de la parte que afecta a Barberá y Camps.

La alcaldesa de la capital del Turia siempre ha mantenido que la celebración de las Valencia Summit las decidió «una fundación privada», en alusión a la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau, y que ella no ha firmado nada al respecto. Barberá no piensa utilizar una táctica dilatoria y afirma estar «a disposición de la justicia» cuestión por la que no recurrió el auto del juez Castro.

Una imputación de Barberá y Camps aumentaría el ya de por sí número elevado de diputados autonómicos que se encuentran en esa condición procesal y el presidente regional del PPCV, Alberto Fabra, sigue manteniendo que a la hora de tomar decisiones se valorará la naturaleza de los delitos que se imputan a cada uno de sus compañeros de partido.

Eso en lo que se refiere a la posibilidad de que alguno de los diputados sea expulsado al grupo de no adscritos, cuestión que se baraja fundamentalmente en el caso de Rafael Blasco.

En cuanto a las responsabilidades de partido, Fabra sigue manteniendo que será inflexible y que nadie podrá tener un puesto ejecutivo en el PPCV si se encuentra imputado, pese a que se mantenga la lógica presunción de inocencia.

En el caso de las responsabilidades orgánicas de Francisco Camps no habría problema para Fabra, ya que no detenta ninguna. Barberá, por su parte, es miembro nato del comité ejecutivo provincial que preside Alfonso Rus y también es vocal electa del comité ejecutivo nacional.