El exalcalde concedió 82 millones de euros en subvenciones «sin control ni justificación»

Así lo aseguró ayer el portavoz del equipo de Gobierno, Ángel Puente, tras conocer los resultados de un informe sobre el control y supervisión de las subvenciones municipales concedidas entre 2003 y 2010.

Puente explicó que cuando se da una subvención, «después la empresa que la recibe tiene que justificar en qué ha invertido ese dinero para que la administración que las concede tenga la seguridad de que ese dinero público, de todos los ciudadanos, se ha empleado correctamente y, si no ha sido así, requerir su devolución». Sin embargo, ni Bódalo ni Tejado pidieron justificación alguna sobre la utilización de esos 82 millones de euros «que salieron de los bolsillos de todos los alcazareños».

Las empresas beneficiarias de esas subvenciones, además, son las mismas a las que el Ayuntamiento pagaba las obras que se hacían en nombre de Aguas de Alcázar, lo que Puente consideró irónicamente como «una casualidad». «Esto en cualquier ciudad normal llevaría a dimitir a Bódalo y Tejado por vergüenza; pero aquí no, aquí siguen amenazando y presionando al equipo de Gobierno por arreglar lo que nos han dejado y siguen saliendo en los medios para pedir la reprobación de los concejales que no les gustan», afirmaba el portavoz municipal, quien añadía que estamos ante «uno de los mayores escándalos de toda la geografía nacional», llegándolo a comparar con el caso de subvenciones fraudulentas que están saliendo a la luz en el Gobierno de Andalucía.

Por todo ello, la Junta de Gobierno Local va a aprobar la reclamación a las empresas que no justificaron las subvenciones recibidas su devolución «porque se trata de dinero de los vecinos que debería haberse dedicado a crear puestos de trabajo y no ha sido así».

Por otra parte, Puente también se ha referido a los recursos que ha presentado el PSOE contra los proyectos del equipo de Gobierno ante el Tribunal Administrativo Central de los Recursos Contractuales, que ha atendido y admitido todos ellos, y aún falta por conocer la resolución del último recurso, referido al proyecto de reforma del recinto ferial.

Dudó de la imparcialidad de este tribunal, que ha dado siempre la razón a los recursos socialistas porque, según el portavoz del Gobierno municipal, es un organismo creado a finales de 2010 por el Gobierno de Zapatero y con unos vocales que son ex altos cargos del Ministerio de Administraciones Públicas en tiempos de Elena Salgado como ministra; vocales que por la propia configuración del tribunal no se pueden sustituir aunque se haya producido, como en este caso, un cambio del Gobierno central.