El aeropuerto de Ciudad Real inicia su liquidación

En esta reunión, los nueve miembros del Consejo de Administración de CR Aeropuertos, en su mayoría controlado por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), deberán decidir en el único orden del día si convocan la Junta General de Accionistas para solicitar la liquidación de la sociedad a la titular del juzgado de lo Mercantil de Ciudad Real.

Fuentes jurídicas han asegurado que la Junta General de Accionistas es la única figura que puede solicitar la liquidación de una sociedad que cuenta con un pasivo de 316 millones de euros y en la que tan solo trabajan actualmente una docena de empleados de seguridad, mantenimiento y personal administrativo.

La celebración del consejo de administración, que tendrá lugar en Madrid y no en las instalaciones del aeropuerto como venía siendo habitual, se produce después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) fallara a favor de varios de los 57 propietarios de los terrenos expropiados, lo que podría incrementar la deuda de la compañía aeroportuaria en más de 213 millones de euros.

El Consejo de Administración de CR Aeropuertos está compuesto actualmente por cinco consejeros del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), dependiente del Banco de España, que cuenta con la mayoría de las acciones desde la intervención de la extinta Caja Castilla La Mancha.

El resto de socios sentados en el Consejo son de Galco y de empresas de Domingo Díaz de Mera, Juan Antonio León-Triviño (ex presidente de la sociedad) y de los hermanos Barco.

Para que definitivamente cierre la sociedad, la Junta General de Accionistas sería la encargada de presentar ante la juez María Dolores García Benítez la petición de liquidez y ser ésta después de aprobar.

Los tres administradores concursales- que cobrarán entorno a dos millones de euros cada uno-, cuenta con las facultades de administración y disposición del patrimonio de la sociedad pero por sí mismos no tienen capacidad para liquidar la empresa, a excepción, según la última reforma de la ley concursal, de que aleguen una inactividad de la sociedad prolongada en el tiempo, hecho que no sucede en la actualidad pues CR Aeropuertos, a través del juzgado de lo Mercantil nº4, solicitó una «suspensión temporal» de la licencia durante un año a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

Aunque bien es cierto que la empresa no cuenta con expectativas de volver a reiniciar la actividad, la administración concursal ha dejado pasar el tiempo sin dar una solución tras casi tres años de concurso de acreedores para finalmente acabar en una final donde todos acreedores, socios, empleados, proveedores saldrán perjudicados.