El Gobierno se compromete a modificar la normativa que obliga a los antiguos becarios a comprar su cotización

Sindicatos, organismos científicos e investigadores a título personal levantaron la voz cuando la ministra anunció a bombo y platillo la medida, calificando de «día histórico» el 30 de abril, cuando ella misma firmó la Orden ministerial. «Burla», «disparate» o «barrabasada» fueron algunos de los calificativos empleados en redes sociales por los afectados, quejándose de que, de querer convalidar estas prácticas, en algunos casos tendrían que pagar hasta la mitad del exiguo salario de becario percibido en ese momento.

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Patricia Biosca

Los científicos lamentan que, para regularizar esas cotizaciones, son los exbecarios quienes deben asumir un pago a la Seguridad Social en algunos casos superior al 50% del salario en prácticas percibido

Porque, con esta medida, una persona que cobró una beca de 600 euros mensuales, de querer regular su situación ahora tendría que pagar 290 euros al mes durante tantos meses como durara la situación a la que se refiere la regulación hasta un máximo de cinco años -que son los máximos que el Gobierno permite transformar de beca a cotización-. Esos 290 euros al mes suponen casi la mitad del salario que cobró en su día el supuesto becario (en concreto, un 48% del sueldo). Si quisiera convalidar los cinco años de beca, tendría que realizar un desembolso de 17.400 euros (que, no obstante, el Gobierno permite fraccionar en 'cómodos' plazos mensuales).

Dadas las críticas, Saiz convocó a este martes a los principales sindicatos y organizaciones científicas para abordar una posible reforma de la Orden ministerial. «El ministerio nunca toma decisiones de manera unilateral, nunca impone decisiones y por eso quiero anunciar que el próximo martes por la tarde se ha convocado a la comunidad científica a través de sus representantes para seguir practicando esa escucha en algo que está vivo y que indudablemente, bueno, pues somos conscientes y vamos a escuchar esas reivindicaciones», aseguraba en declaraciones a los medios tras presidir el Consejo de Seguimiento del Ingreso Mínimo Vital con representantes de las comunidades autónomas.

Asimismo, la ministra recalcaba, al igual que al secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez Corujo, que se trata de una medida «absolutamente excepcional» y «muy positiva», que «da una ventana de oportunidad a personas que hace décadas era inimaginable que la pudieran tener».

De momento, parece que las conversaciones marchan, y que el ministerio les ha comunicado que está dispuesto a modificar la normativa, según ha revelado en un comunicado la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), que representa a 88 sociedades científicas y agrupa alrededor de 40.000 científicos. Si bien aún no se ha concretado nada, desde la agrupación se pide «encontrar una solución específica para la regularización retroactiva de la cotización de las becas de investigación, ya que se trata de una situación diferente a la de las prácticas formativas».

Por otro lado, se pide que las personas que trabajaron en base a becas de investigación no sean obligados a pagar también las cotizaciones empresariales. Asimismo, se insta al Gobierno a ampliar el tiempo que se puede convalidar, que ahora mismo está estipulado hasta un límite de 5 años. «Es claramente insuficiente para solucionar el problema de todo el colectivo afectado».

Según la agrupación científica, la ministra «ha asumido el compromiso personal de abordar este problema», si bien aún quedan dos semanas de negociaciones e intercambio de informes hasta la resolución final. «Esperamos continuar el diálogo iniciado con el Ministerio», señalan desde COSCE. «Opinamos que es una cuestión de justicia social que se atiendan nuestras reivindicaciones».