Diputación desoye al juez y archiva el caso de contratos en el SAU

El asunto, que acabó en los juzgados y en un tribunal interno de la Corporación con resultados diametralmente distintos, se destapó a raíz de la convocatoria de una plaza de arquitecto en prácticas para el SAU de Baena y la rocambolesca historia de la elegida, quien se domicilió en la localidad y además lo hizo en la vivienda del jefe de servicio del SAU del Guadajoz, Manuel Cañete, quien junto con el responsable provincial del departamento, Joaquín Gómez de Hita, y un miembro de UGT formaban el tribunal que a la postre seleccionó a la «inquilina» de uno de ellos.

Tal y como trascendió a la prensa en su día, estos hechos fueron denunciados por un arquitecto técnico, único integrante de la bolsa de trabajo de la Diputación.

Los hechos comienzan en abril de 2008 cuando Gómez de Hita, arquitecto jefe, advierte que es necesario cubrir una plaza que se ha quedado vacante en Baena y que se debe hacer entre los que se encuentren inscritos en el SAE de Baena.

Según ha quedado demostrado tanto en el juicio seguido en el contencioso administrativo como en la investigación interna, la persona que resultó finalmente contratada fue la arquitecta que se domicilió en la casa del jefe comarcal del SAU. Este hecho fue admitido por los implicados, si bien negaron que existiera vinculación profesional o personal entre ellos, llegando incluso a decir Cañete que lo hubiera hecho con cualquier otra persona.

Para la provisión de la plaza en Montilla, el resultado fue el mismo aunque los hechos varían: tras dos meses sin cubrir la plaza, ofrecen un contrato temporal al demandante y un día después seleccionan a otra persona para el puesto que se había quedado vacante en Montilla.

En la sentencia del contencioso, de finales del año pasado, el juez no tiene reparo en señalar que en un caso «hubo una clara intencionalidad de evitar su llamamiento» y en otro «una clara voluntad de apartar al recurrente de la plaza» y que la Administración obró mal porque debía haber dado prioridad al único arquitecto de la bolsa de trabajo, como manda la legislación.

Pero esas evidencias caen en saco roto cuando meses después, en abril de este año, el tribunal formado para instruir el expediente disciplinario contra el arquitecto jefe y el jefe comarcal —ordenada por la diputada de Recursos Humanos, Ángeles Llamas—, concluye que en el primer caso no hay razones para sospechar que hubo favoritismo y en el segundo sólo se produjo una falta leve al prestarle el domicilio «a efectos de notificaciones».

El tribunal da más peso a las declaraciones de Gómez de Hita, Cañete y la seleccionada, quien recalcó que se enteró de la convocatoria a través de la hija de otro arquitecto, con quien incluso llegó a hablar «de lo que tenía que hacer para optar a esa oferta en Baena».

En la misma resolución, el instructor apostilla que como se trata de una falta leve que ya ha caducado, su propuesta es que tampoco se le sancione.

Y todo ello, tras admitir que efectivamente se conculcaron los deberes de imparcialidad y ejemplaridad.

Expediente «irrisorio»

Un resolución tan sorprendente como ésta hubiera pasado desapercibida si no fuera por la denuncia del PP. Su diputado Antonio López culpó ayer al presidente de la Diputación, Francisco Pulido, de que se permita «un apercibimiento irrisorio porque hablamos de favorecer a una persona en el acceso a un puesto de trabajo. ¿Esa es la ética que defiende el señor Pulido?».