El fraude de los ERE salpica de lleno a Griñán tras la imputación de su director de Trabajo

El fraude de los ERE salpica de lleno a Griñán tras la imputación de su director de Trabajo

La instructora revela en un extenso auto «el dispendio intencionado» de la Junta a través de tres directores generales

SEVILLA Actualizado:

La juez instructora del «Eregate», Mercedes Alaya, dictó ayer un nuevo y extenso auto en el que, por primera vez, imputa a un alto cargo en activo del Gobierno socialista de José Antonio Griñán en esta investigación del fraude por la financiación de falsas prejubilaciones mediante «fondos de reptiles». La resolución añade veintiuna nuevas imputaciones a la larga lista de personas investigadas, entre las que destacan los dos directores generales de Trabajo que sucedieron a Francisco Javier Guerrero: Juan Márquez Contreras y el todavía responsable de esa dirección, Daniel Alberto Rivera. Así, han resultado imputados los dos directores generales que han pertenecido al equipo de Griñán.

Según la magistrada, ambos ordenaron los pagos relativos a la póliza alusiva a 26 trabajadores de la empresa Surcolor pese a que sólo se despidió a 24 de los empleados. «Se ordenan dichos pagos con total ausencia de procedimiento», sostiene el auto,en el que Alaya hace hincapié en el «dispendio intencionado en que habría incurrido la Junta de Andalucía a través de sus altos cargos».

La Dirección General de Seguros informó de que mientras el montante de las indemnizaciones por despido en las conciliaciones ascendían a 1.537.162, la prima de la póliza fue de 2.674.175 euros. Pero la juez también investiga a Rivera por una resolución del 3 de septiembre de 2010, dictada como consecuencia de la solicitud de Encarnación Poto (otra de las imputadas) en nombre de la empresa Acyco, para el mantenimiento de 144 puestos de trabajo por 109.620 euros, cantidad que coincide con la minuta de un despacho de abogados investigado.

En cuanto al antecesor de Rivera,Juan Márquez Contreras, está imputado por incluir en el grupo de asegurados de extrabajadores de Calderinox a Juan Rodríguez Cordobés y a Antonio Fernández Garzón. Márquez escribió una carta a Fernández en la que le comunicaba que estaba «dispuesto a solucionar el problema». El auto asegura que Márquez actuó «con total conocimiento de la ausencia de procedimiento». «Revistió de apariencia de legalidad» la concesión de esa ayuda, argumenta la juez para justificar la imputación. «Márquez era consciente» de la inclusión de ese trabajador —añade— y también está imputado junto con Guerrero por dar conformidad a una póliza para 24 trabajadores de otra empresa, Aglomerados Morell. La juez relata que los dos, abusando del ejercicio de sus funciones públicas, podrían ser responsables de defraudar fondos públicos por valor de 1.531.299 euros, de los que «injustamente se habría beneficiado la empresa Río Grande».

Pero las imputaciones se extienden aún más. Hay dos sindicalistas, Enrique Manuel Jiménez y Juan Antonio Caravaca, de CC.OO., por introducir a Fernández Garzón en una póliza. De las consultoras investigadas, resulta imputado José González Mata, representante de Uniter, mediadora en la póliza anterior por la que también imputa a Juan Rodríguez Cordobés y Antonio Fernández Garzón (incluidos en esa póliza). De Vitalia, su director comercial Antonio Albarracín, y el responsable regional de la mencionada empresa, Jesús Bordallo, son imputados por su implicación en el envío de un fax desde la sede del PSOE de Camas (Sevilla) con la vida laboral de López Espadas.

Vitalia carecía de autorización para actuar como correduría de seguros y los gastos de las comisiones se situaron en un 20,51 por ciento, con un sobrecoste del 14,86 por ciento, cuando la media era el 5,65. A la juez le resulta «inaudito» que la Junta admitiera estos sobrecostes. La juez cita a declarar al ex director general, Francisco Guerrero, el 23 de febrero.

Ayer, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que si Griñán no depura las responsabilidades políticas antes de las elecciones, tendrá que dar cuenta a los andaluces «sobre los motivos que le llevan a hacerlo». Por su parte, la Junta sostuvo, en defensa de su director general Daniel Rivera, que «sin perjuicio de un análisis más profundo de los hechos que se imputan, es escasamente fundada dicha imputación».