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El TS confirma el acoso laboral a un empleado municipal

El trabajador, de Villarrobledo, acusó al exalcalde, hoy senador del PSOE, de practicar «terrorismo laboral»

El TS confirma el acoso laboral a un empleado municipal ABC

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ALBACETE

El Tribunal Supremo ha confirmado el acoso laboral sufrido durante ocho años por un trabajador del Ayuntamiento de Villarrobledo que en 2003 fue apartado de su puesto como coordinador general de Deportes.

La sentencia del Supremo, dictada el 15 de noviembre del pasado año, fue dada ayer a conocer en rueda de prensa por la secretaria provincial de la Federación de Servicios Públicos de UGT, María José Tomás, y por el propio trabajador al que el tribunal ha dado la razón, Julián Lozano.

El trabajador explicó que la sentencia confirma que durante ocho años ha sufrido un «acoso laboral continuado y sistemático», desde que fue relegado de su cargo en 2003 tras la llegada al Ayuntamiento de una nueva corporación con Pedro Antonio Ruiz Santos como alcalde.

Ocho años de «infierno»

Julián Lozano responsabilizó a Ruiz Santos, actual senador del PSOE por Albacete, del acoso sufrido, y dijo que han sido ocho años de «infierno laboral» que también han sufrido muchos otros trabajadores del ayuntamiento roblense.

El trabajador, que ha vuelto a su cargo como coordinador general de Deportes, acusó al exalcalde de Villarrobledo de practicar «terrorismo laboral», y pidió que dimita de sus cargos políticos como concejal y senador por cometer «atropellos como este», porque «hay 14 personas que han sido acosadas, y es incongruente que este señor esté en el Senado».

Por su parte, la secretaria de la Federación de Servicios Públicos, María José Tomás, recordó que ya la Inspección de Trabajo dio la razón al trabajador, «pero el Ayuntamiento hizo caso omiso» y llevaron el caso al juzgado, que falló a favor del empleado. «El Ayuntamiento recurrió al Tribunal Superior de Justicia pero también nos dio la razón, y ahora nos la da el Tribunal Supremo», aseguró. María José Tomás manifestó que las situaciones «mobing» como esta «son difíciles de demostrar, y por eso pedimos que los convenios de las Administraciones Públicas incluyan un protocolo para casos de acoso laboral».

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