Morant rectifica: la Ley de Ciencia reconocerá la experiencia de los científicos en el extranjero

Morant da marcha atrás tras la denuncia de varios científicos 'regresados' (de cuyas reivindicaciones se hizo eco ABC) que vieron cómo su larga trayectoria investigadora en otros países no se reconocería a su vuelta en España. Esto ocurre actualemente porque en 2019 el Real Decreto de Retribuciones estipuló que solo sería válida la experiencia en los Organismos Públicos de Investigación (OPI) -esto es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC)-. Aquí no entrarían el resto de organismos extranjeros, ni las universidades y otros centros de investigación españoles.

Esta norma incidía directamente sobre los conocidos como ' quinquenios ', un reconocimiento de la experiencia que se traduce en mejoras en el sueldo. Por ejemplo, por dos décadas de trabajo en investigación, el titular recibiría unos 6.000 euros más al año, unos 500 euros mensuales adicionales. Pero, desde 2019, la Administración solo reconocía las trayectorias dentro de las OPIs. Inútil es, de momento, acreditar haber trabajado en la Universidad de Harvard o en el MIT. Tampoco en la Universidad Complutense o en la Universidad Autónoma de Barcelona.

Sin embargo, la rectificación de la Ley de Ciencia no será suficiente para paliar este agravio una vez se publique la norma : «Será necesario abordar la ampliación en la negociación para modificar el Real Decreto de Retribuciones, a fin de incluir quinquenios y sexenios», explican fuentes de CCOO a ABC. Es decir, que para concretar el cambio, habrá que reformular el Real Decreto, lo que previsiblemente ocurrirá más tarde de la entrada en vigor de la reforma, un compromiso adquirido con Europa para junio de este año.

El borrador incorpora, así mismo, un nuevo contrato indefinido para « todo tipo de personal de investigación » que realice actividades científico-técnicas. Es decir, incluye la reivindicación de los técnicos de ser incorporados al personal investigador. «Es un paso importante. Pero no se concreta su carrera profesional, que quedará en varias normas: para todo el personal de Universidades, irá en la LOSU; para todo el personal de Sanidad, irá en la modificación de la LIB; y en los OPI, el personal investigador seguirá en la Ley de la Ciencia, y el personal técnico y de gestión tendrán que esperar a la LFPAGE», indican desde CCOO.

Morant sí ha explicado que estos nuevos contratos de actividades científico-técnicas serán indefinidos y vendrán a sustituir a los actuales, normalmente estipulados por obra y servicio (con una duración de máximo cuatro años).

Ahora, se establece un nuevo itinerario para los investigadores posdoctorales que tendrá una duración de seis años (con un examen a los tres años para obtener una certificación como 'investigador establecido', que además conllevará mejoras salariales). Para ellos, se reservará un 25% de los puestos de la tasa de reposición para este tipo de contratos en las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) en las caso de las OPIs y un 15% para las universidades , aparte de eximirles de realizar partes de las pruebas para acceder al sistema público.

Además, fija que las situaciones de «incapacidad temporal, nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia, violencia de género o terrorista», interrumpirán el cómputo del plazo límite de duración del contrato, así como de su evaluación. «Estas interrupciones antes eran penalizadas y con esta ley eso no se tendrá en cuenta», ha afirmado Morant.

Sin embargo, el cambio tampoco será inmediato : con la entrada en vigor al completo de la reforma laboral el próximo mes de marzo, estos investigadores quedarían en el 'limbo' hasta la aprobación de la nueva Ley de la Ciencia. Y el profesional técnico queda regulado por la LOSU, LIB y LFPAGE.

Por otro lado, el borrador también reconoce el derecho a indemnización de los investigadores predoctorales . En concreto, el texto propone «una indemnización equivalente a 12 días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año», medida que además será retroactiva, tal y como clamaron la mayoría de las agrupaciones científicas cuando se hizo público el primer borrador.

El texto también recoge que se garantiza una financiación de la I+D+i «estable y creciente» para acercarse a los países de la Unión Europea y alcanzar así el 1,25% del PIB en inversión pública para 2030, «que llegará hasta el 3% estipulado en el Pacto por la Ciencia con el apoyo del sector privado», ha matizado Morant. Sin embargo, la titular de Ciencia no ha explicado qué ocurrirá en 2024, una vez acaben los fondos europeos del Plan de Recuperación, que actualmente suponen una gran parte de la aportación total.

La reforma también reconoce por primera vez al personal sanitario investigador e incluirá en su redacción la creación de la Agencia Espacial Española , de la que, sin embargo, no se concretará hasta el año que viene, tal y como ha reconocido la ministra.

A partir de aquí, el anteproyecto seguirá la vía parlamentaria. «Esperamos que se mejore con las propuestas de los otros partidos políticos», ha concluido Morant.

Si bien la mayoría de los organismos científicos reconocen que es un paso adelante, muchos creen que la reforma sigue siendo «tibia». Por ejemplo, CCOO afirma que el texto que ha aprobado el Consejo de Ministros posee «excesiva premura» y se ha hecho «sin negociación previa». «Recoge algunas reivindicaciones sindicales históricas pero revela falta de ambición en aspectos clave como la concreción de la reforma laboral en el sector de la I+D+i, que limite la contratación temporal y garantice un empleo estable», afirman en un comunicado.

Por su parte, Crue Universidades Españolas celebra la aprobación del proyecto de ley de reforma de la Ley de la Ciencia, pero advierten de que estarán «vigilantes» para que se mantengan los consensos acordados. Además, reclama igualmente al Ministerio de Hacienda y a las Administraciones Públicas que «habiliten una solución hasta que la nueva ley entre en vigor, previsiblemente en unos ocho meses, y que incluya los proyectos no financiados por la UE».

«Sigue siendo insuficiente para terminar con la precariedad en el sector», afirma para EP, Elisa Fernández , portavoz de la Coordinadora Marea Roja . «Se han conseguido avances importantes como es la indemnización por final de contrato, así como que se reconozcan los méritos realizados en cualquier institución pública, española o extranjera, una medida para no fomentar la endogamia». Sin embargo, Fernández sostiene que «siguen olvidándose de puntos clave como son la carrera del personal investigador hospitalario y su inclusión en el Sistema Nacional de Salud, así como la del personal técnico y de gestión de I+D+i, todos ellos esenciales para que la investigación avance». «Cuando el texto se publique, se realizará una valoración más en detalle, puesto que hay algunas medidas que aún no tenemos claro si realmente van a ser efectivas o un brindis al sol , como por ejemplo la de blindar el 1,25% del PIB».