Rigau se niega a responder a las acusaciones y afirma ante el juez que no desobedeció al TC

En declaraciones a los medios de comunicación, la consejera de Enseñanza ha afirmado que no hizo «nada negativo» al participar en la organización de la consulta, que cumplió «un mandato democrático» del Parlament y aseguró que no desobedeció la interlocutoria del Tribunal Constitucional que suspendió el proceso de participación que finalmente se celebró, como alternativa a la consulta que previamente suspendió también el TC.

Como ya hiciera la propia Rigau y los otros imputados, Artur Mas y Joana Ortega, en su escrito de alegaciones a la admisión a trámite de la querella, la consejera de Enseñanza ha esgrimido como argumento que el TC no contestó cuando la Generalitat pidió al TC, el 6 de noviembre, que concretara qué actos quedaban suspendidos por su interlocutoria dictada dos días antes. Así, entiende que no hubo un mandato expreso del alto tribunal que prohibiera la consulta del 9-N. Por contra, Fiscalía sostiene en su querella que la suspensión del TC fue «una orden absoluta, tajante e inequívoca» que no precisaba de aclaración ni precisión.

Como responsable del Departamento de Enseñanza, a Rigau se le acusa de instar a los directores de centros escolares a que abrieran sus dependencias para habilitarlas como colegios electorales. Sin embargo, la consejera ha negado que ni ella, ni ningún cargo de Enseñanza, dieron tales instrucciones ni «obligaron» a los directores de centros educativos a abrir las escuelas . «Sólo informamos de que los centros podían ser utilizados como colegio electoral y que todo se llevaría a cabo por voluntarios», señaló.

La Fiscalía acusa a Rigau, Mas y Ortega de cuatro delitos -desobediencia, obstrucción a la justicia, prevaricación y malversación de fondos-, aunque por ahora el TSJC sólo le imputa el primero. En suma, los cuatro delitos acarrean hasta 18 años de inhabilitación y penas de cárcel no efectivas, puesto que no superarían el año y los querellados no tienen antecedentes.

Fuentes judiciales confirmaron que el interrogatorio a Rigau trasnscurrió con cordialidad. El abogado de Manos Limpias, Pedro Muñoz Lorite, requirió de una intérprete, ya que Rigau se acogió a su derecho de declarar en catalán.

Uno de los que presenciaron el interrogatorio de Rigau fue Miquel Roca i Junyent, abogado de la Infanta Cristina en el Caso Nóos, exdirigente de CDC y padre de la Constitución. El abogado de Rigau, Jordi Pina, confirmó que Roca, amigo de Rigau, ejerce a la práctica la codefensa de la consejera. El despacho de Roca está asociado al de Pina, Molins i Silva. «Roca me encargó que defendiera Rigau», precisó Pina en declaraciones a los medios de comunicación.