La juez avisa que la fortuna de Pujol puede venir de «abusos» de su gobierno

En un escrito, la titular del juzgado de instrucción número 31 de Barcelona remite una comisión rogatoria a las autoridades andorranas para pedirle los movimientos bancarios de las cuentas de la esposa del expresidente catalán, Marta Ferrusola, y sus hijos Marta, Mireia y Pere en Banca Privada de Andorra (BPA) y en Andbank.

La juez, que tramita su petición «con la máxima urgencia», expone sus sospechas de que los fondos del expresidente catalán puedan formar parte de «un circuito financiero encaminado a disimular el origen delictivo de los mismos, en concreto que pudieran proceder de abusos en la alta función pública desempeñada por Jordi Pujol Soley, máximo responsable de la administración autónoma catalana durante más de veinte años».

La instructora ya expidió sin éxito a Andorra una primera comisión rogatoria el pasado mes de agosto, pero las autoridades del Principado le pidieron mayor concreción sobre los hechos investigados antes de aceptar su solicitud.

Concretamente, la juez reclama información a Banca Privada de Andorra y a Andbank -tanto la suya propia como la procedente de Banc Agricole y Banca Reig que se fusionaron en ella- sobre los movimientos y extractos de las cuentas y depósitos de que sean titulares Marta Ferrusola y sus hijos Marta, Mireia y Pere, que en julio pasado regularizaron los fondos que tenían en el Principado mediante declaraciones complementarias.

La juez cree que esa diligencia es «imprescindible» para averiguar el origen de las cuentas de los Pujol en Andorra, «donde pudieran haberse depositado fondos provenientes de conductas delictivas» por parte de Jordi Pujol «durante la etapa en que desempeñó un relevante cargo público», en alusión a sus 23 años al frente del Ejecutivo catalán.

Para la magistrada, también resulta necesario «identificar las fuentes de las que se nutrieron de fondos dichas cuentas o instrumentos financieros», por si, al estar situados fuera de España y «de forma opaca para las autoridades españolas, pudieran formar parte de un circuito financiero encaminado a disimular el posible origen delictivo de los mismos».

En su escrito, la juez Beatriz Balfagón advierte de que Jordi Pujol «no atendió el requerimiento» cuando se le pidió que acreditara la herencia de su padre y el origen de sus fondos y recuerda que, a través de Interpol, se ha tenido conocimiento de un procedimiento penal abierto contra él por blanqueo de dinero en la Princely Court of Justice de Liechtenstein.

«Estos hechos por sí mismos resultan sospechosos de un delito contra la Hacienda Pública y un delito de blanqueo de capitales, por cuanto la ocultación de un patrimonio en el extranjero por más de treinta años, gran parte de los cuales transcurrieron durante la vida política activa de Jordi Pujol (...), lleva a pensar en que pudiera haber un entramado financiero creado por el ámbito familiar con el propósito de encubrir el origen delictivo del dinero», sostiene la magistrada.

La juez argumenta a las autoridades andorranas que «el único modo con el que se cuenta para poner en marcha la investigación judicial es todo lo relativo a esos fondos en el extranjero » y recuerda que al menos la esposa y los tres hijos de Pujol imputados en esta causa eran titulares de cuentas en Andorra, «no descartándose que pudiera también haberlas en otros países».

En opinión de la instructora, las medidas de investigación que reclama a Andorra son «proporcionales, ya que la gravedad de los hechos investigados debe prevalecer sobre los derechos fundamentales que se ven puestos en juego», y también son «idóneas, ya que pretenden investigar judicialmente hechos presuntos, pero fundadamente constitutivos de delitos».

La juez pide que se dé respuesta a su solicitud de forma urgente, dada «la trascendencia pública de Jordi Pujol Soley y la alarma social generada por estos hechos en España».