El Parlament desobedece al TC y nombra a la «junta electoral» de la consulta del 9N

El secretario del la Mesa del Parlament, Pere Calbó (PP), ha advertido de un acto ilegal contrario a una resolución judicial y ha avanzado que no firmará esa votación. PP y Ciudadanos han pedido la suspensión de este punto del orden del día. El PSC también lo ha rechazado, tras la «nota apócrifa» que la Mesa del Parlament le ha enviado tras pedir un informe jurídico al respecto.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido amparo a la Cámara catalana porque «no se puede desarrollar una ley suspendida», en alusión a la ley de consultas populares. Pedimos que se retire del orden del día, no podemos colaborar en ello. La Mesa del Parlament no debía haber admitido este asunto. No estamos ante un error, sino una comisión de posibles delito. Ha recordado que el Código Penal establece en su artículo 405, que nombrar cargos sin que haya requisitos legales puede ser castigado con multa y suspensión de empleo y cargo público.

«No seremos cómplices de traspasar las líneas rojas y secundar las tesis de desobediencia en coche oficial del señor Junqueras», ha dicho. Ha hablado de «democracia selectiva a la carta» y ha instado a los diputados a cumplir con las reglas del juego. Ha anunciado que enviará un escrito al Gobierno catalán en el que le pedirá «que no gaste ni un solo euro a una consulta suspendida».

Por parte del PP, el portavoz Enric Millo ha indicado que «estamos ante un momento grave, la presidenta del Parlament sabe que no se puede votar» la designación de la Comisión del Control de la consulta, porque «desarrolla una ley consulta suspendida, y eso sería una claro caso de desobediencia al TC». Según Millo, si la Cámara tuviera tan claro lo que hace, no votaría en secreto y ha advertido que su partido pondrá el caso en conocimiento de la Fiscalía.

El portavoz del PSC, Maurici Lucena, ha recordado que su grupo votó a favor de la ley de consultas y apoya una consulta legal, pero «es evidente que tras la suspensión del TC surgen dudas sobre la votación de una Comisión de Control que desarrolla la ley. Hemos solicitado un informe jurídico a la Mesa del Parlament» que, según ha reprochado,«ha contestado con una nota apócrifa, sin conclusiones y que no informa». Por todo ello, el PSC ha pedido que se lea esa nota y no ha participado en la votación. La presidenta de la Cámara catalana, Núria de Gispert, se ha negado a leer el informe y a un receso de 10 minutos para que los grupos lo lean.

Por contra, la portavoz de ERC, Gemma Calvet, ha dicho que no toda la ley de consultas está suspendida y que el TC aún no ha entrado en el contenido de la misma. «Tenemos que tomar decisiones para velar por la garantía jurídica», ha dicho para defender la elección de la Comisión de Control, tras afirmar que «nos encontramos ante una resolución dictada por un tribunal integrado por miembros del régimen franquista».

La coordinadora de ICV-EUiA, Dolors Camats, ha apoyado mantener ese punto del orden del día porque «aunque tiene un punto inédito», pero se trata de una «ley suspendida, pero no anulada» debido a «una intencionalidad política y una persecución legal» por parte del Gobierno español y el TC. Ha dicho que el Parlament es legítimo para tomar esta decisión «y lo hace para defenderse de un ataque».

El diputado de la CUP, David Fernández, no reconoce ninguna autoridad política o jurídica por encima de la voluntad ciudadana. «No es el golpe de estado, pero si el estado de golpe contra el pueblo catalán». «Nos declaramos insumisos y desobedientes ante el TC», ha proclamado Fernández, quien ha defendido la designación. «Si ustedes amenazan con el Código Penal, nosotros lo asumimos, pero revisen ustedes sus actitudes inquisitoriales».

El portavoz de CiU, Jordi Turull, ha avalado la votación porque dice disponer de un informe «que no es apócrifo» y precisa que «se trata de un acto preparatorio, no produce plenos efectos». Confía en que el TC levante la suspensión y ya esté formada la Comisión de Control.